La Ley de Salud Mental, nuevo frente sanitario en el Gobierno de coalición

Unidas Podemos ha colocado al Partido Socialista en el centro de su diana por los retrasos en el debate de la Ley de Salud Mental que su grupo llevó al Congreso de los Diputados ya a finales del 2021. La formación morada ha acusado a su socio de la coalición de ser el principal artificie de que la normativa continúe atascada en los cauces parlamentarios, a pesar de que la cámara ya admitió el texto a trámite en el mes de septiembre.

La portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad, Rosa Medel, ha advertido de que la proposición de ley sigue pendiente de que los socialistas pongan fin a la fase de presentación de enmiendas en la Mesa del Congreso, lo que considera un “bloqueo incomprensible” por parte de sus socios. “Siguen las negociaciones para que se desbloquee de manera urgente y estamos esperando una respuesta”, ha explicado a Redacción Médica.

La formación morada ha trasladado también su ofensiva particular hasta las redes sociales, donde ha acusado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de “utilizar la salud mental para obtener rentabilidad política” con la promoción de algunas políticas impulsadas desde su cartera como la nueva Estrategia del Sistema Nacional de Salud 2021-2026 o el Plan de Acción 2022-2024, mientras la ley presentada por su grupo continúa encallada en el Congreso.

Unidas Podemos ya presentó su normativa a finales de 2021 como una apuesta para regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad en el ámbito de la salud mental. Entre las grandes novedades, figura la implantación de una ratio mínima de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas en este campo por cada 100.000 habitantes en un plazo máximo de cuatro años. Así como la incorporación de programas de formación para el personal sanitario en materias como la prevención del suicidio. 

El PSOE solicita un "amplio debate" sobre Salud Mental

Ante las acusaciones de Unidas Podemos, el PSOE sostiene que no está bloqueando la Ley General de Salud Mental, que fue aprobada en la Cámara Baja el pasado mes de septiembre con el apoyo socialista. La diputada Carmen Andrés se mostró a favor de tomar en consideración el texto con el fin de abrir un “debate amplio” y subrayó que el Gobierno abraza "cualquier iniciativa que trabaje contra el estigma de la salud mental y favorezca su atención".

A este respecto, fuentes parlamentarias recuerdan el respaldo del Grupo Socialista a la norma impulsada por su socio. Sin embargo, inciden, en declaraciones a este periódico, que "tiene que llevarse a cabo un debate previo" para dar el siguiente paso en la tramitación parlamentaria del texto.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista defiende que ha colocado la Salud Mental en el centro de su agenda política y que el Ejecutivo ha impulsado numerosas iniciativas al respecto, como la aprobación del Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y Covid-19, que cuenta con una dotación económica de 100 millones de euros, o la creación de la especialidad MIR de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, que previsiblemente comenzará su andadura en la convocatoria de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) 2023, una vez realizados los ajustes en las unidades docentes.

La pugna en el seno del Gobierno de coalición por la Ley de Salud Mental se ha sumado así a la lista de divergencias que han dividido a los dos socios en lo que va de legislatura en el campo sanitario. Unidas Podemos ya se había mostrado muy crítico con algunos proyectos socialistas como la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión ya que la norma abre la puerta a mantener "otras fórmulas de gestión", algo que impediría la desaparición progresiva del modelo Muface a la que aspiran los morados. La Ley del Paciente o la jubilación anticipada de médicos y enfermeros también han despertado roces.