Andrea Canelo, portavoz del PSOE en la Comisión de Política Territorial del Congreso.
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno promueva, “en coordinación con las comunidades autónomas con lengua cooficial”, planes de
formación lingüística dirigidos a los profesionales sanitarios “con el objetivo de mejorar su capacidad de atención en la lengua propia del territorio”. La iniciativa, que se debatirá en la Comisión de Política Territorial, busca
reforzar el derecho de los pacientes a comunicarse en su lengua materna y evitar barreras idiomáticas que puedan afectar a la calidad asistencial.
El PSOE recuerda que, en los territorios con lengua cooficial, la
atención sanitaria en el idioma materno del paciente “no sólo es un derecho reconocido en los Estatutos de Autonomía, sino también un
factor determinante para la seguridad y el bienestar de las personas atendidas”: “El acceso a la sanidad pública en condiciones de equidad y calidad es un derecho fundamental que debe garantizarse a toda la ciudadanía. Una comunicación efectiva entre pacientes y profesionales sanitarios es clave para un diagnóstico preciso, una atención adecuada y un trato humanizado”, reza la PNL.
El idioma como parte de la calidad asistencial sanitaria
Los socialistas advierten de que la falta de “conocimiento suficiente” de la lengua cooficial por parte de algunos profesionales de la sanidad puede “suponer una barrera en la asistencia” al generar “
incomprensión en el paciente, dificultades en la transmisión de síntomas o instrucciones médicas y, en consecuencia, una merma en la calidad del servicio”.
En la propuesta, se subraya que esta situación es especialmente relevante “en ámbitos como la
Atención Primaria, donde la comunicación cercana con el paciente es fundamental, así como en servicios de salud mental, Pediatría o Geriatría”. En todos estos casos, la capacidad de atender en la lengua propia del territorio “puede
influir de manera significativa en la confianza y la efectividad del tratamiento”.
El PSOE reivindica el afán histórico de los gobiernos socialistas, “tanto a nivel estatal como autonómico”, por
“reforzar la calidad del sistema sanitario público y avanzar en el reconocimiento de la diversidad lingüística”. En ese sentido, el partido considera “imprescindible seguir trabajando en coordinación con las comunidades autónomas” para dotar al personal sanitario “de las herramientas necesarias que garanticen una atención eficaz y respetuosa con los derechos lingüísticos de los pacientes”.
Cinco medidas para atender la diversidad lingütística
En esta PNL, el Grupo Socialista apuesta por “un acceso sanitario igualitario y sin barreras lingüísticas”, para lo cual plantea impulsar planes de formación que permitan al personal sanitario
“adquirir o mejorar sus competencias lingüísticas en las lenguas cooficiales del territorio donde ejercen”, siempre siguiendo “criterios de voluntariedad, adaptabilidad y reconocimiento profesional” para, así, asegurar que los sanitarios dispongan de recursos suficientes para formarse “sin que ello suponga una sobrecarga en su labor asistencial”.
Esa es la primera medida recogida en la parte dispositiva de la PNL. Son cinco en total. En la segunda se aboga por “fomentar la
integración de la formación en lenguas cooficiales dentro de los programas de actualización y capacitación continua del personal sanitario, garantizando su acceso de manera gratuita y voluntaria”.
La tercera medida busca “impulsar acuerdos con universidades y colegios profesionales, en coordinación con las comunidades autónomas con lengua cooficial, para
incorporar módulos específicos sobre competencia lingüística en las lenguas cooficiales dentro de la formación de grado y posgrado en Ciencias de la Salud”.
En la cuarta se insta al Ejecutivo a “apoyar el desarrollo de materiales didácticos, recursos digitales y programas de formación adaptados a las necesidades del personal sanitario, facilitando su aprendizaje de manera flexible y compatible con su actividad asistencial”. Finalmente, la quinta prevé “
evaluar de forma periódica la implementación y efectividad de estos planes formativos, con la participación de los profesionales sanitarios y las administraciones autonómicas”.
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