El PSOE considera "ilegal" la publicidad de los calentadores de tabaco

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha denunciado una posible vulneración de la Ley 28/2005, conocida como Ley Antitabaco, en las recientes campañas publicitarias de los calentadores de cigarrillos. En una pregunta registrada ante la mesa del Congreso de los Diputados, los socialistas Jesús María Fernández Díaz y Aurora Flórez Rodríguez se han cuestionado si la promoción de un dispositivo electrónico como es el IQOS, que plantea calentar tabaco en lugar de quemarlo, no debe ser considerada como incentivo hacia el consumo de estas sustancias estupefacientes y, por consiguiente, una vulneración la ley 28/2005.

Los socialistas argumentan que los dispositivos electrónicos IQOS, de reciente implantación en el mercado y que apuestan calentar el tabaco y no quemarlo, se han estado presentando "en campañas publicitarias en vallas, publicaciones escritas y redes sociales". En su pregunta al Gobierno, los socialistas plantean la ilegalidad de estas campañas de marketing pues consideran que se está incentivando el consumo de tabaco "algo que vulneraría la Ley 28/2005".

Los socialistas contextualizan que la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco establece prohibiciones estrictas sobre la publicidad del tabaco que "esta reciente campaña estaría quebrantando".

"Su artículo 9 prohíbe el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad, y promoción de los citados productos en todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la información, con muy pocas excepciones, como son las publicaciones dirigidas a profesionales. Sin embargo nos encontramos actualmente con una fuerte campaña publicitaria en distintos soportes: vallas, publicaciones escritas y redes sociales, de dispositivos calentadores de tabaco", argumentan los socialistas en su planteamiento.

EL GPS se cuestiona, además, si el Gobierno ha iniciado las reclamaciones "administrativas o judiciales" para perseguir estas "campañas ilegales"