El fin del copago farmacéutico de pensionistas en Muface vuelve al Congreso

La Mesa del Congreso ha admitido a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) dirigida a acabar con el copago farmacéutico de los pensionistas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Esta vía alternativa parlamentaria reabrirá de nuevo el debate en la Cámara Baja, después de que a finales del 2021 ya se tramitase una proposición de ley impulsada por Vox en este mismo sentido.

El nuevo texto persigue que los grupos se posicionen sobre la “igualdad real y efectiva” en el nivel de aportación económica para poder acceder a los fármacos ambulatorios, de manera que se pueda equiparar la situación de los pensionistas de la Seguridad Social y de aquellos que están adscritos a Muface, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) o la Mutualidad General Judicial (Mugeju) que tienen que hacer un mayor desembolso para poder obtener su medicación en la farmacia ambulatoria. 

La Mesa del Congreso ha validado esta alternativa para la que se necesita la presentación de al menos 500.000 firmas, que ha cordinado la asesora jurídica Marisol Camacho. La decisión ya se ha comunicado a la Comisión Promotora, la Junta Electoral Central y el Senado para que la tramiten, tal y como ha quedado plasmado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 11 de marzo.

Policía y Guardia Civil llevan el copago al Congreso

Detrás de esta iniciativa se encuentran la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional (Ajpne) y los Retirados Asociados de la Guardia Civil (Ragce) que desde hace meses han tratado de sumar fuerzas para reducir el copago farmacéutico por receta médica, que estiman en un 30% del dinero dedicado a sus fármacos. También quieren acabar con los límites mensuales de aportación que afectan tanto a funcionarios civiles como de las Fuerzas Armadas.

Ambas instituciones ya presentaron una IPL que en el Congreso a finales del 2020 para tratar de acabar con esta brecha entre unos tipos de prestaciones y las otras. Aunque no han logrado que la iniciativa se materialice. Las dos organizaciones policiales han dejado la puerta abierta a acudir al Tribunal Constitucional o incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si finalmente el Congreso rechaza la equiparación de las pensiones.