18 nov 2018 | Actualizado: 17:25

El Congreso fija febrero como límite para cambiar los contratos sanitarios

El Congreso aprueba la Ley de Contratos del Sector Públicos con algunos cambios en las concesiones sanitarias

Fachada del Congreso de los Diputados.
El Congreso fija febrero como límite para cambiar los contratos sanitarios
jue 19 octubre 2017. 17.30H
Redacción
El Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno a la Ley de Contratos del Sector Público que adapta la legislación europea en la contratación por parte de la Administración Pública y que entrará en vigor en febrero. En el articulado se introducen algunas modificaciones acerca del sector sanitario, como la eliminación del contrato de colaboración público-privado y la posibilidad de crear una central de compras estatal de servicios sanitarios.

La ley pasa así su último trámite tras la aprobación de numerosas enmiendas en el Senado, con mayoría del PP, que han sido rechazadas esta vez en la votación definitiva del Congreso. La ley trata de introducir medidas para evitar la corrupción en la contratación pública al dotarla de más transparencia y de nuevos mecanismos de vigilancia.

En el caso de los contratos de colaboración público-privada, estos se eliminan ya que se considera que esta figura tiene "escasa utilidad". En su lugar se utilizará la figura de las concesiones que diferencia entre concesión de servicios, en la que el contratista asume el riesgo, y el contrato de servicios, en el que es la Administración la que se arriesga.

Compra centralizada

Uno de los puntos que se ha introducido durante su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja es el que recoge que "se podrá declarar de adquisición centralizada los suministros de medicamentos y productos sanitarios, así como los servicios sanitarios".

Estos suministros no se podrán adjudicar teniendo en cuenta el criterio de precio y puntualiza que "los órganos de contratación velarán en todas sus fases por la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios".

También deberá velar por "las necesidades específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos y vulnerables; la implicación de los usuarios de los servicios; y la innovación en la prestación del servicio".
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