El ministro de derechos sociales, Pablo Bustinduy.
El
Congreso de los Diputados avala la aprobación de las leyes de dependencia y discapacidad. Culmina así uno de los proyectos más ambiciosos de la legislatura, cuyo impacto podría beneficiar a cerca de dos millones de personas en España. "Vamos a lograr un cambio estructural y permanente. Vamos a duplicar la financiación destinada al sistema de cuidados, superando los 7.239 millones de euros", ha sentenciado desde la tribuna el ministro de Derechos Sociales
, Pablo Bustinduy, durante la defensa de ambas leyes.
La primera de ellas es la que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, definió como una de las
"mayores transformaciones del sistema de dependencia". El Ejecutivo blinda así la financiación del 50 por ciento del sistema de dependencia por parte del Estado y eleva la cuantías mínimas de los beneficiarios hatsa los
660 euros en el caso de quienes tienen el grado III de dependencia. En materia de discapacidad, se garantiza la accesibilidad universal y la equidad en la atención dentro del Sistema Nacional de Salud , se establecen ayudas económicas para realizar obras de accesibilidad y se eliminan las trabas burocráticas para el reconocimiento de los distintos grados de discapacidad. Solo
Vox ha votado en contra aprobar la nueva ley de Atención a la Dependencia.
Así ha sido el debate parlamentario
"Votar sí implica el reconocimiento de derechos: derecho a la teleasistencia y a la
atención universal", ha insistido el ministro ante la Cámara. Además, ha recalcado que la aprobación de estas normas supone el primer paso para construir un nuevo sistema de dependencia acorde con las necesidades de las próximas décadas. "El 50 por ciento es la condición de posibilidad para poder desarrollar un sistema a la altura de las necesidades. Hace falta dinero,
hacen falta recursos y hace falta trabajo. Tenemos que reconocer la labor fundamental que tienen los cuidados", ha remarcado.
En el turno de toma de posición, el Partido Popular se ha mostrado muy crítico con la propuesta del Gobierno. Su portavoz de Sanidad en el Congreso,
Carmen Fúnez, ha señalado la ambigüedad y la falta de claridad de la norma. Además, ha acusado a Bustinduy de querer "convalidar su manera de gobernar" y ha denunciado la "falta de cálculo y de memoria económica". "No puede convertirse en estructural algo que dependerá cada año de los
Presupuestos Generales del Estado", ha destacado. No obstante, y pese a las críticas, ha sorprendido al propio ministro al anunciar que el PP votaría a favor de la norma.
Del lado de las autonomías, la mayoría coincide en que esta es
una ley necesaria, pero no suficiente. Aun así, consideran que avanza en "la buena dirección", lo que ha valido para lograr el apoyo de los grupos. Eso sí, algunas formaciones han sido más críticas que otras. Desde ERC, el diputado
Jordi Salvador i Duch ha afirmado que "este decreto mejora el presente, pero no garantiza el futuro. Hablar de los 7.200 millones asegurados para 2027 es solo un anuncio". Además, durante su intervención ha reclamado una revisión anual de las cuantías vinculadas al coste y a la demanda. Sobre el reparto territorial, ha lamentado que la norma penalice a
Cataluña.
Pilar Calvo, de Junts, ha retomado ese argumento y ha asegurado que su partido pedirá que se revise y se compense a Cataluña por el "déficit histórico en dependencia". "No nos identifica la estructura financiera con la que el Estado
ahoga el sistema de financiación de Cataluña", ha afirmado. Asimismo, ha concluido su intervención asegurando que "este real decreto ley aporta un extra, pero no es extraordinario, y necesitamos más recursos".
Por su parte, la diputada de Podemos, Noemí Santana, ha asegurado que esta norma supone un paso adelante, pero que necesita "recursos para garantizarla". "Todavía queda mucha gente atrás", ha insistido. En materia de discapacidad, ha señalado que aún existe
una gran deuda pendiente: "Tiene que haber un reconocimiento económico a los cuidados".
El resultado de la votación
En lo que respecta a Vox, los de Abascal han querido desmarcarse por completo de la propuesta. Su diputada,
María de la Cabeza Ruiz, ha asegurado que la norma es un "engaño" del Gobierno. "Lo van a aprobar y van a dejar a los beneficiarios en la estacada", ha señalado. "La pregunta que debemos hacer a este Gobierno es si las ayudas llegarán a todas las familias. ¿De qué sirve una ayuda si no va a llegar a tiempo?", añadía.
"Qué fácil es votar que sí y quedar bien con todo el mundo. Es mucho más difícil decir al
Gobierno que repartir dinero sin garantía de que llegue a los ciudadanos es una obscenidad", ha concluido. Vox se ha convertido así en el único grupo que ha votado en contra de estas leyes. Finalmente, el resultado ha sido de 317 votos a favor y 17 en contra en el caso de la ley de Atención a la Dependencia y de 349 a favor y 5 abstenciones para el proyecto de ley, que continuará ahora su recorrido paralmentario en el Senado.
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