Emiliano García Page, presidente de Castilla la Mancha en el Congreso.
El blindaje de la sanidad castellanomanchega ha sido uno de los grandes temas de este martes en el
Congreso de los Diputados. En mayo, el Grupo Socialista y el Partido Popular de la región alcanzaron un acuerdo para reformar el
Estatuto de Autonomía, cuya actualización reconoce el derecho a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y una
atención sanitaria de calidad en todas las etapas y condiciones de la vida.
“Traemos una reforma del Estatuto que es consecuencia de un consenso amplísimo. O el proyecto era de consenso o no era”, ha defendido
Emiliano García-Page, presidente de la comunidad, durante la presentación de la propuesta ante la Cámara Baja. “No es un fin en sí mismo, es la base sobre la que aspiramos a construir un cambio político y social que merece
Castilla-La Mancha”, ha añadido
Francisco Javier Núñez, presidente del PP regional. Finalmente, el Congreso ha dado luz verde a la iniciativa con 288 votos a favor.
Nuevo Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha
La reforma del
Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha llega cuatro décadas después de su aprobación con un objetivo claro: adaptar la norma a las profundas transformaciones sociales, económicas y políticas que ha vivido la comunidad. La actualización busca dar respuesta a las demandas actuales y anticiparse a los retos que la región afrontará en las próximas décadas. El Partido Popular castellanomanchego ha defendido que la ley se articula en torno a varios grandes ejes. Entre ellos, el refuerzo de los servicios públicos, la creación de incentivos para el empleo y la economía, la garantía de la igualdad territorial y una financiación justa. También ha destacado la importancia del diálogo y el compromiso con el campo y el mundo rural. “Es la premisa para abrir
la puerta a un futuro donde podamos crecer”, ha afirmado.
Entre tanto, Page ha aseverado que con esta iniciativa refuerza su apuesta por los servicios públicos. La
gestión de la sanidad, la educación y el bienestar social, que representan cerca del 90 por ciento de la acción de gobierno autonómico, así, esta apuesta “se eleva ahora al máximo rango legal con el objetivo de blindar el Estado del bienestar que la comunidad ha ido construyendo durante los últimos 40 años”, ha asegurado.
En materia sanitaria, la actualización del texto, que cuenta con el respaldo de PP, PSOE y Sumar, reconoce el derecho a la promoción de la salud, a la
prevención de la enfermedad y a una atención de calidad en todas las etapas y condiciones de la vida, así como el acceso en igualdad a los servicios sanitarios. Además, pone el foco en el modelo de financiación y en la n
ecesidad de garantizar la atención en toda la región pese a su dispersión geográfica.
Por su parte, la portavoz de Sumar, Engracia Rivera Arias, ha aprovechado su intervención para señalar una ausencia en este ámbito: el acceso a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Es urgente que el
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha lo garantice”, ha sentenciado.
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