Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados debatirá el 11 de noviembre el contenido sanitario del Estatuto de Castilla-La Mancha, que ya se aprobó en la región con un pacto entre PSOE y Partido Popular. El texto,
aprobado en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes en mayo,
contiene varias referencias a las competencias sanitarias, así como a los derechos de la salud rural.
La actualización de este texto reconoce el
derecho a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad y a una atención sanitaria de calidad en todas las etapas y condiciones de la vida de las personas, así como también el
acceso en condiciones de igualdad a servicios sanitarios de calidad.
Asimismo, el texto pone el foco también en el modelo de financiación y en
garantizar los servicios sanitarios en toda la región pese a la dispersión geográfica.
Revisión para adaptarlo a la evolución de la sociedad
El documento pone de manifiesto que Castilla-La Mancha ha experimentado una
gran transformación tanto en los servicios prestados, en la forma y en los medios para hacerlo posibles, permitiendo que la ciudadanía castellanomanchega haya accedido a derechos y libertades en igualdad de condiciones con el resto del país.
En ese sentido, las
transformaciones producidas en todos los ámbitos y la consecuente evolución de la sociedad han generado cambios muy significativos que hacen necesaria y obligada, una revisión de su contenido y disposiciones,
adecuándolas a una sociedad cada vez más igualitaria, más moderna, más dinámica, más abierta, más cambiante.
Por ello, "tras más de cuarenta años de vigencia del actual Estatuto, se considera oportuno" dotarse de un nuevo Estatuto de Autonomía que
responda a las demandas y realidades sociales actuales y futuras, que la región ha venido experimentando y experimentará durante las próximas décadas.
El nuevo texto se fundamenta en el compromiso de continuar ahondando en la
plena autonomía y el autogobierno de Castilla-La Mancha, mediante el blindaje de los derechos sociales de la cohesión, la garantía de la igualdad de las personas y los territorios de los distintos sectores poblacionales, especialmente de aquellos más vulnerables adaptándolos a los desafíos y aspiraciones contemporáneos. Asimismo, se busca reforzar la cooperación interinstitucional, fomentar la
sostenibilidad medioambiental y el equilibrio territorial, en tanto que elementos esenciales para el progreso equitativo y sostenible de la región.
De manera concreta, la Junta de Comunidades garantizará la adopción de medidas efectivas para el
desarrollo rural en condiciones de igualdad y equidad y respaldará la
modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales de Castilla-La Mancha, dotándolas de
infraestructuras y servicios públicos suficientes, así como de una adecuada fiscalidad.
Por otro lado, será un
deber de la ciudadanía hacer un uso responsable y solidario de las prestaciones y servicios públicos y colaborar en su buen funcionamiento, manteniendo el debido respeto a las normas establecidas en cada caso, así como a los demás usuarios y usuarias y a las personas encargadas de prestarlos.
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