Adiós a la ley del cannabis que iba a destinar el 60% de recaudación al SNS

Tres proposiciones de ley y una subcomisión han hecho del cannabis el tema estrella a debatir en la esfera parlamentaria durante las últimas semanas. El primer documento en llegar al Pleno de la Cámara ha sido la de Más País con un objetivo clave: el transvase de los beneficios generados en la venta de la sustancia del mercado negro al sector público. 

De hecho, la propuesta de ley integral que este martes presentaban antes los grupos incluye un impuesto especial del 35 por ciento sobre el precio de venta -similar al de otras drogas como el alcohol o el tabaco-, cuyos ingresos se destinarán "al menos el 60 por ciento" a la sanidad pública, tal y como explicaba desde la tribuna Íñigo Errejón, como líder de la formación. 

La formación aclara que regular su consumo "no es estimularlo" sino proteger el control de la calidad, informar sobre su uso y poder prohibirlo para deterrminados sectores o actividades", en la estela de países como Alemania, Portugal o Italia y dada la falta de resultados que ha conseguido tanto su prohibición como el aumento de sanciones. Entre 2013 y 2019 el cultivo de plantas incautadas se incrementó un 738 por ciento en España, constatando su posición como uno de los principales productores de Europa. 

Más problemas que beneficios 

Su iniciativa, sin embargo, se topaba de lleno con la negativa de PSOE, Partido Popular, Vox y miembros del Grupo Mixto, responsables de que su propuesta no pase del papel. Mientras que la derecha reafirmaba posturas sobre su negativa a legalizar el cannabis recalcando los peligros de su consumo en la salud ciudadana, los socialistas miraban hacia la subcomisión encargada de analizar su posible uso medicinal y terapéutico creada hace tan solo cinco días en esta misma Cámara. 

Desde el PSOE consideran que la de Más País es una "ley mal hecha", a la que acusan de "falta de rigor jurídico" y no tener en cuenta los posibles efectos en salud mental como "la ansiedad y la depresión". "Pretender comparar el cannabis con el consumo de alcohol o de tabaco es un error", criticaba Daniel Vicente como voz de los socialistas, tras anunciar el apoyo de su grupo a un "debate acompañado de la ciencia y la sanidad". "Si hay una vía para regular su uso terapéutico lo hablamos porque puede ayudar". 

"Consumir droga no es un derecho fundamental es un problema de salud pública", afeaba Elvira Velasco como portavoz de los populares, en sintonía con Juan Luis Steegman, y sus críticas a una posible financiación de la sanidad publica "con la legalización de la marihuana".

Como prueba, desde el PP señalaban los efectos nocivos señalados hacía tan solo unas horas en la Comisión Mixta para el Estudio de las Adicciones por el delegado de Gobierno del Plan Nacional de Drogas, como accidente de tráfico o brotes psicóticos. En su exposición, Juan Ramón Villalbí advertía igualmente del riesgo de adicción de esta sustancia del 10 por ciento y de hasta el 50 por ciento en consumidores diarios, que en España representan alrededor del 3 por ciento de la población. 

Steegman replicaba precisamente su discurso cuando señalaba la existencia de dos medicamentos desarrollados a base de componentes del cannabis, aprobados por la Agencia Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y que dan cobertura a entre 3.000 y 4.000 pacientes. 

Régimen sancionador y control en menores 

La iniciativa del equipo de Errejón encontraba el apoyo de grupos como la CUP, a favor de "educar y garantizar el consumo seguro", especialmente como alternativa a los opiáceos en el tratamiento de enfermos crónicos, lo cual, en su opinión pondrá "trabas" a las mafias y permitirá "recaudar muchísimos impuestos".