Rol facultativo y A plus, alegaciones de los dentistas al Estatuto Marco

El Consejo General de Dentistas se suma a la presentación de alegaciones al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Entre las principales reivindicaciones del colectivo profesional, reconocer el rol facultativo del odontólogo y la creación de un grupo facultativo sanitario superior A Plus.

Según explican desde del Consejo a Redacción Médica, la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, la Ley 10/1986 sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud dental y el Real Decreto 1594/1994 reconocen al dentista funciones propias de prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías y enfermedades de los dientes, la boca, los maxilares y los tejidos anexos, así como capacidad de prescripción dentro de su ámbito competencial.

Por ello, consideran que el dentista es "un profesional sanitario facultativo, ya que diagnostica, indica tratamientos, prescribe, realiza actos clínicos invasivos y quirúrgicos, emite informes, cumplimenta historia clínica, adopta decisiones clínicas autónomas y asume responsabilidad civil, penal, administrativa, estatutaria y deontológica directa por su actuación": "El Estatuto Marco debe ser coherente con esta realidad jurídica y asistencial".

Además, el punto central del informe de aportaciones es la clasificación profesional de los dentistas. "El anteproyecto propone una clasificación basada fundamentalmente en los niveles del Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU) y en la existencia de especialidades oficiales en Ciencias de la Salud". Este sistema "puede generar un agravio comparativo para los odontólogos, porque actualmente no existen especialidades odontológicas oficiales plenamente desplegadas en España, pese a que la profesión tiene una clara autonomía facultativa y una elevada responsabilidad clínica".

El Consejo, en este sentido, advierte de que "no puede penalizarse a los dentistas por la falta de desarrollo normativo de especialidades odontológicas oficiales". "La ausencia de estas especialidades no responde a una menor complejidad asistencial ni a una menor responsabilidad profesional, sino a una opción histórica pendiente de desarrollo. Por ello, no debería utilizarse como criterio para situar a los dentistas en un grupo inferior al de otros facultativos sanitarios de responsabilidad equivalente", aseguran.

Para corregir este riesgo, el informe propone "crear un Grupo Facultativo Sanitario Superior, denominado A1 Plus, Grupo 8 bis o equivalente, que incluya a las categorías sanitarias universitarias superiores cuyo ejercicio comporte autonomía técnica y científica, diagnóstico, indicación o ejecución de tratamiento, prescripción dentro del ámbito competencial y responsabilidad clínica directa sobre el proceso asistencial". "En este grupo deben incluirse expresamente los dentistas. Subsidiariamente, si se mantiene la estructura actual del anteproyecto, el Consejo propone que el grupo 8 incluya también a las categorías sanitarias de nivel 7 MECU que habiliten para el ejercicio de profesiones sanitarias facultativas con atribuciones legales de prevención, diagnóstico, tratamiento y prescripción, aunque todavía no exista una especialidad oficial desarrollada para esa profesión", insisten.

Sin degradación retributiva ni limitaciones en la carrera profesional

Además, alegan que la nueva clasificación "no produzca una degradación retributiva, administrativa o profesional de los dentistas respecto de otras categorías facultativas sanitarias de responsabilidad equivalente". "El encuadramiento profesional tiene consecuencias en sueldo, complementos, carrera, promoción, movilidad, reconocimiento institucional y acceso a puestos de responsabilidad. Por tanto, la clasificación no es una cuestión meramente nominal", señalan.

También proponen que, hasta el desarrollo efectivo de especialidades oficiales odontológicas en Ciencias de la Salud, "la ausencia de título de especialista oficial en Odontología no pueda limitar la carrera profesional, la valoración de méritos, el acceso a puestos singularizados, cargos intermedios, funciones de gestión clínica o puestos directivos vinculados a la salud bucodental".

Por otro lado, los odontólogos españoles solicitan que los Consejos Generales y corporaciones profesionales tengan una mayor participación en la elaboración del Estatuto Marco. "La falta de esta interlocución no se plantea como una objeción política, sino como una cuestión de calidad normativa: una norma básica, llamada a ordenar el personal sanitario del futuro, debe elaborarse con la participación real de las profesiones afectadas para evitar soluciones formalmente uniformes, pero materialmente inadecuadas para ámbitos clínicos específicos como la Odontología pública", afean.

Asimismo, el Consejo defiende que la expansión de la atención bucodental pública debe ir acompañada de una planificación suficiente de recursos humanos y materiales. "La ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental no puede sostenerse sobre plantillas infradotadas, nombramientos temporales, gabinetes obsoletos o ausencia de personal auxiliar", alertan.

Por ello, ponen encima de la mesa que "los planes de ordenación de recursos humanos de los servicios de salud incluyan un apartado específico sobre salud bucodental". "Dicho apartado debería contemplar ratios poblacionales, plazas estructurales de dentistas y estomatólogos, personal auxiliar, sustituciones, equipamiento, gabinetes, materiales, mantenimiento, circuitos de derivación, necesidades de Odontología Hospitalaria y evaluación económica de toda ampliación de cartera", han añadido.

Plazas odontológicas de difícil cobertura

El informe de aportaciones, sumado a todo lo mencionado, hace hincapié en que "las plazas odontológicas puedan ser declaradas de difícil cobertura cuando existan dificultades estructurales de provisión, alta rotación, ruralidad, insularidad, dispersión territorial, carga asistencial elevada, especial complejidad clínica o falta de profesionales disponibles". Eso sí, "esta declaración debería ir acompañada de incentivos económicos, curriculares, profesionales y organizativos, así como medidas de estabilización, mejora del equipamiento y apoyo auxiliar". "La finalidad es garantizar que las prestaciones bucodentales incorporadas a la cartera común puedan prestarse de forma efectiva, especialmente en territorios o colectivos vulnerables", aclaran.

Otra de las propuestas centrales es incorporar una cláusula básica de seguridad para los gabinetes odontológicos del Sistema Nacional de Salud (SNS). "El Consejo plantea el principio de 'gabinete espejo', es decir, que la Administración sanitaria no preste asistencia odontológica pública en condiciones inferiores a las que exige a las clínicas dentales privadas. Esto implica garantizar instalaciones adecuadas, esterilización, control de infecciones, ventilación, instrumental, mantenimiento, radioprotección cuando proceda, historia clínica, trazabilidad y personal auxiliar cualificado", matizan.

Sumado a ello, los dentistas solicitan acceso a puestos de gestión, coordinación y dirección; un agenda segura y un reconocimiento del tiempo efectivo de trabajo; el impulso de la Odontología Hospitalaria; y una financiación suficiente y una contratación pública adecuada. "El Consejo General de Dentistas pide al Ministerio de Sanidad que modifique el anteproyecto para garantizar la correcta posición jurídica, profesional y asistencial de la Odontología pública en el Sistema Nacional de Salud. La institución considera que el nuevo Estatuto Marco debe reconocer la responsabilidad facultativa de los dentistas, asegurar una planificación suficiente de recursos y evitar que la ampliación de la cartera bucodental se produzca sin medios humanos, materiales y económicos adecuados" concluyen.