Odontología exige reformar la Ley de Sociedades para evitar fondos buitre

La limitación de la colaboración público-privada ocupa el actual foco mediático. Un hecho motivado por el reciente anuncio del Ministerio de Sanidad relativo a la puesta en marcha de la Ley de Gestión Pública, que tendría como principal objetivo regular las relaciones entre entidades privadas y la propia Administración. 

En este sentido, una de las principales reivindicaciones del Consejo General de Dentistas es acabar con las clínicas dentales corporativas 'alimentadas' mediante fondos de inversión que compran deudas impagadas a bancos y entidades financieras a precios muy bajos aprovenchándose de situaciones críticas. Un ejemplo de ello se pudo ver en 2018 con las clínicas iDental, que fueron investigadas en profundidad por la propia Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Audiencia Nacional.

La reivindicación sigue en pie, y desde el Consejo liderado por Óscar Castro se sigue luchando contra este tipo de prácticas. "Siempre hemos abogado por la puesta en marcha de normativas cuya aplicación garantice la protección de los pacientes, así como la transparencia en la gestión de las clínicas", explica a Redacción Médica el máximo dirigente de los dentistas españoles.

Tres opciones para acabar con el fraude en clínicas dentales

Desde su punto de vista, existen tres opciones para acabar con esta mala praxis. En primer lugar, asegura que es necesaria "la revisión y la aplicación estricta de la Ley de Sociedades Profesionales". "Esta ley prevé que aquellas sociedades que deben constituirse como sociedades profesionales -que son aquellas que se dedican a la prestación de servicios profesionales para cuyo ejercicio se requiere colegiación obligatoria- no escapen al control deontológico de los Colegios Profesionales y, al mismo tiempo, contempla medidas para asegurar que el control empresarial queda en manos de profesionales colegiados".

Según añade, "escándalos sanitarios como el cierre de iDental o Dentix reflejaron las graves consecuencias que tiene permitir que sociedades mercantiles dedicadas a la prestación de servicios profesionales puedan operar libremente en el mercado como sociedades de intermediación, sin estar sujetas a las exigencias de la Ley de Sociedades Profesionales ni a los controles deontológicos que se les exigen a los profesionales indviduales que prestan dichos servicios".

Además, apunta que debería aprobarse una ley de publicidad sanitaria estatal que establezca "límites claros a la comunicación de servicios deontológicos, evitando mensajes engañosos, prácticas de captación agresivas y ofertas vinculadas a financiación que puedan confundir al paciente". 

Aprobar las especialidades odontológicas

Pero no solo eso, ya que Castro hace hincapié en la necesidad de aprobar las especialidades odontológicas. "Es una medida que venimos demandando desde hace años para situarnos al mismo nivel que los demás países europeos, y España es el único que carece de ellas", señala.

En palabras del presidente del Consejo, actualmente, "los dentistas interesados en una formación especializada deben recurrir a programas postgrado y máster -oficiales o no- que carecen de reconocimiento como especialidad sanitaria, lo que impide la homogeneidad en cuanto a calidad, duración y criterios de acceso a esta formación". Y es que "la ausencia de regulación formal impide establecer estándares mínimos de calidad, dificulta el reconocimiento profesional y, sobre todo, expone a los pacientes a una oferta asistencial desregulada, sin garantías de competencia técnica".