Los ortopedas piden un registro de establecimientos autorizados "claro y de fácil acceso" en favor de los usuarios

El Sespa apuesta por una mayor protección de los pacientes de ortopedia
El presidente de la Asociación de Ortesistas Protesistas del Principado de Asturias, Esteban Junquera, y el presidente de la Federación Española de Ortesistas Protesistas, Pablo Aragundi.


14 dic 2021. 19.25H
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El Servicio de Salud del Principado de Asturias apuesta por una mayor protección de los pacientes de ortopedia. La Asociación de Ortesistas Protesistas del Principado de Asturias (Aoppa) había denunciado en varias ocasiones ante la Consejería de Salud que se estaba financiando la prestación ortoprotésica proveniente de establecimientos sin licencia.

Una situación "contraria a derecho y que puede resultar nocivo para la salud de los asturianos, al conllevar graves riesgos", según ha apuntado la asociación. Algunos ejemplos son una silla de ruedas mal adaptada, que puede generar escaras en pacientes con movilidad reducida, la mala colocación de un Walker que puede suponer un empeoramiento en las fracturas o el mal uso de unas muletas que puede ocasionar lesiones musculares.

La Aoppa recuerda que la manipulación de estos productos corresponde únicamente a los Técnicos Ortoprotésicos, que ofrecen atención individualizada y tienen en cuenta las patologías, tipología corporal e incluso el estilo de vida de los pacientes.

En su lucha por defender los derechos de los usuarios, la asociación ha logrado que Inspección deniegue los pagos de prestaciones que no han sido dispensados por ortopedias que cumplen con la normativa.

Pacientes protegidos frente a la venta ilegal y sin garantías


Aoppa ha celebrado este giro de la administración asturiana, ya que es "una demanda histórica que va a beneficiar a más de 150.000 asturianos, usuarios de ortopedia", según ha asegurado su presidente, Esteban Junquera.

Además, "se logra que todos los pacientes del Sespa estén protegidos frente a la venta ilegal y sin garantías". La asociación recuerda que los usuarios, en su mayoría personas mayores, no tienen una información clara y es posible que sigan adquiriendo un andador o una silla de ruedas en empresas sin las licencias pertinentes y, por lo tanto, sin la financiación de la seguridad social.

Los ortopedas piden que se cree un registro "claro y de fácil acceso" para que los usuarios sepan dónde dirigirse y qué establecimientos cumplen con la normativa. Por último, la Federación Española de Ortesistas Protesistas trabaja para que los organismos de Inspección a escala nacional tengan la "pulcritud necesaria" para garantizar que la prestación sea facilita por los profesionales de ortopedia.

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