Redacción Médica
24 de septiembre de 2018 | Actualizado: Domingo a las 18:00
Política Sanitaria > Otras profesiones

Los dentistas hacen 'lobby' político para regular la publicidad sanitaria

El Consejo General ha solicitado reuniones con representantes del gobierno y con grupos parlamentarios

El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, junto al portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso, Francisco Igea.
Los dentistas hacen 'lobby' político para regular la publicidad sanitaria
Redacción
Miércoles, 04 de enero de 2017, a las 13:10
El Consejo General de Dentistas ha iniciado su lobby político. Desde la formación de Gobierno, la institución ha reactivado sus contactos con autoridades políticas y grupos parlamentarios para sumar voluntades políticas para lograr reformas legislativas en la publicidad sanitaria y, especialmente, la del sector odontológico.

El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, ha asegurado que una de las cuestiones prioritarias para el Gobierno debe ser, en total coordinación con las comunidades autónomas, la articulación de todos los mecanismos y protocolos necesarios para garantizar la calidad asistencial y la salud de los ciudadanos. A partir de la instauración de una normativa clara y específica nacional, que regule adecuadamente un tipo de publicidad tan sensible como es la sanitaria.

En este sentido, desde el Consejo ponen en relieve la necesidad de garantizar "información rigurosa, veraz, comprensible y prudente, basada en la ética y el conocimiento científico, sin que pueda inducir a confusión al ciudadano, pudiendo éste valorar adecuadamente las diversas opciones de los tratamientos y los riesgos que puedan conllevar para su salud".

“No es admisible que no exista prácticamente ninguna restricción legal en este tipo de publicidad en doce de las diecisiete comunidades autónomas, de tal forma que la publicidad odontológica, sea o no veraz y, en ocasiones, engañosa, pueda distribuirse libremente y apenas sin ningún control”, denuncia Castro. “Nuestra Organización Colegial considera que debe copiarse el modelo existente en varios países de la Unión Europea, como es el caso de Francia y Bélgica, donde sus gobiernos han puesto especial énfasis en el control de este tipo de publicidad, estando prohibida o fuertemente restringida en cualquier medio”, ha agregado.

Asimismo, el Consejo General considera imprescindible un cambio normativo que haga posible que la mayoría del patrimonio social y del número de socios de este tipo de sociedades correspondan a los socios profesionales y no a empresarios ajenos al sector sanitario. No obstante, recuerdan que "toda esta normativa no estaría completa si no se regulan también detalladamente las inspecciones y controles de los centros sanitarios, respetando los derechos laborales de los profesionales que trabajan en los mismos, así como el régimen de sanciones que se deriven de las actuaciones ilegales que puedan realizar dichos centros".

La Organización Colegial de Dentistas, por tanto, se opone a "la publicidad agresiva, en muchas ocasiones engañosa, que se lleva a cabo por determinadas clínicas dentales, franquicias y/o cadenas marquistas, pertenecientes, bien a empresarios ajenos a la profesión, bien a profesionales, sin tener en cuenta la peligrosidad de aplicar solo criterios economicistas en materia sanitaria, ya que, como consecuencia de ello, la salud de la población puede verse gravemente perjudicada".

“Si no conseguimos entre todas las instancias implicadas poner freno a estos hechos desde nuestras respectivas competencias y responsabilidades, seguirán produciéndose situaciones tan lamentables como las acontecidas a principios del presente año con la caída de Vitaldent y Funnydent, dejando a numerosos pacientes damnificados”, afirma Castro.

Por último, la Organización Colegial de Dentistas reitera también su demanda para que se amplíe la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud respecto a las prestaciones bucodentales, ya que existen diferencias enormes entre los tratamientos y prácticas que se llevan a cabo en las comunidades autónomas, además de la importancia de proteger a los colectivos particularmente más sensibles y desfavorecidos.