Víctor Soto, Susana García, Elvira Vacas y José M. Serratosa.
El
auge de dispositivos para monitorizar diversos parámetros de salud y bienestar es una realidad más que evidente en pleno 2026, pero
no todos son válidos para analizar la evolución de una enfermedad concreta. Es el caso de la epilepsia, como han puesto de manifiesto clínicos, pacientes y la industria farmacéutica durante la
III edición del Developmental Epileptic Encephalopathies Day (DEEs Day), un foro científico de referencia organizado por la compañía biofarmacéutica internacional UCB, con el aval de la Sociedad Española de Neurología.
Susana García, neuróloga y directora médica de Neurología de UCB Iberia, lo ha ejemplificado con el caso de
Marta, quien padece epilepsia focal refractaria y toma la decisión por su cuenta de adquirir un dispositivo de neurotecnología comercial sin validación clínica robusta. "
Marta al principio se siente empoderada, pero tras meses de medición
se siente más nerviosa de lo normal y triste", ha indicado García, porque este tipo de dispositivos "
dan problemas, con falsos negativos y falsos positivos. 12 meses de monitorización continua que transforman profundamente su identidad, su privacidad y su autonomía, y
Marta pasa de estar empoderada a estar sometida".
Susana García, neuróloga y directora médica de Neurología de UCB Iberia.
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Y esto abre la puerta a sesgos que engañan, porque la forma en que se alimentan los algoritmos
afecta en la vulnerabilidad del paciente; a brechas entre enfermos, entre los que se pueden permitir este tipo de dispositivos y los que no; y el
desconocimiento y cesión de información a la compañía que los comercializa. "Marta firmó su privacidad mental sin saber qué estaba entregando", ha agregado la directora médica de Neurología de UCB Iberia. De ahí la
necesidad de concienciar y regular los neuroderechos.
El
concepto de 'neuroderechos' fue acuñado por Rafael Yuste, uno de los neurocientíficos españoles más reconocidos internacionalmente. Este término
incluye cinco aspectos, que son la privacidad mental, la identidad personal, el libre albedrío, el acceso equitativo a neuroalimento y la protección contra sesgos algorítmicos.
García ha resaltado casos paradigmáticos como el de Cantabria, considerada pionera con una normativa de neuroderechos que incluso
mejora la Carta de Derechos Digitales de escala estatal.
La
Carta de Derechos Digitales de 2021, impulsada por el Gobierno de España, es un marco normativo no vinculante que busca trasladar los derechos fundamentales del mundo analógico al entorno virtual, adaptándolos a los desafíos de la era tecnológica. Su objetivo principal es
proteger la dignidad humana y la libertad individual frente a
fenómenos como la inteligencia artificial, el uso masivo de datos y la brecha digital, estableciendo principios sobre la identidad digital, el derecho al pseudonimato, la herencia digital y la protección de colectivos vulnerables. Aunque no tiene rango de ley, funciona como una
guía ética y jurídica de referencia para orientar futuras políticas públicas y garantizar que la transformación digital se produzca de forma justa, inclusiva y centrada en las personas.
Cantabria ha dado un paso más allá incluso de esta normativa de carácter nacional, ya que su regulación propia sí que se considera vinculante. Además presenta avances en aspectos como la confidencialidad,
el registro de la inteligencia artificial en la salud, o la prohibición expresa de la manipulación no consentida.
Mesa de conferencia "Neuroderechos y equidad. Perspectivas en debate: Neuroderechos en epilepsia: identidad, privacidad y libre albedrío neuronal".
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Consenso y diferencias entre agentes implicados
Tras la exposición de García, junto a ella han debatido sobre los neuroderechos y la equidad
Elvira Vacas, presidenta de la Federación Española de Epilepsia (FEDE);
José M. Serratosa, responsable de la Unidad de Epilepsia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y coordinador del encuentro; y
Víctor Soto, neuropediatra del Hospital Niño Jesús.
Este último ha incidido en que la
hoja de ruta a futuro debe ser la unión entre los agentes implicados, la industria farmacéutica, los pacientes y las sociedades científicas, para
reclamar la regulación legislativa de la neurotecnología. Según Soto, los primeros deben hacer un juramento tecnocrático, que debería ser similar a un sello de calidad ética; desde la FEDE se debería continuar impulsando EpiAlliance; y, finalmente, desde las sociedades científicas,
avanzar en el Grupo de Trabajo de NeuroTecnología, proponiendo, por ejemplo, su integración en sociedades como la Sociedad Española de Epilepsia (SEEP).
Por su parte, Vacas ha demandado que ante los más de
ochenta neurólogos y neuropediatras reunidos en esta edición, bajo el lema "De las redes neuronales a las redes asistenciales", que valoren y
decidan qué dispositivos para monitorizar la epilepsia son útiles y cuáles no, ya que como han expuesto tanto los especialistas como los pacientes es un tema recurrente en consulta. De hecho, el 91 por ciento de las familias estarían interesadas en el uso de un dispositivo de detección de crisis, según los últimos datos disponibles, pero la percepción de los neurólogos en la práctica es diferente. Mientras muchos pacientes al principio están muy interesados
cuando les diagnostican la enfermedad,
el uso de estos dispositivos cae progresivamente y a los dos años es nulo.
José María Serratosa, responsable de la Unidad de Epilepsia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y coordinador del encuentro.
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Víctor Soto, neuropediatra del Hospital Niño Jesús.
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Propiedad de los datos
En una de sus intervenciones, Serratosa ha reflexionado sobre
cómo deberían validarse los dispositivos que recogen información cerebral, a lo que García ha señalado que los dispositivos médicos se deben basar por criterios de evaluación estrictos, por lo que
ha abogado por que la agencia europea siga el camino de la estadounidense y que haya "coherencia entre ambas".
En cuanto a la propiedad de los datos que se generan, Vacas ha remarcado que
"deberían quedarse en el propio dispositivo y que sean del paciente". Por su parte, Soto ha incidido en que "los datos no se pueden vender a terceros". Sin embargo, hasta que no se legisle, García ha puntualizado "los neurodatos, en crudo, son de los pacientes, pero
el problema llega cuando hay inferencias neurocognitivas".
Por último, la presidenta de FEDE ha instado a concienciar a los pacientes que utilizan este tipo de dispositivos de lo que supone y lo que genera, a la vez que se les debería informar que "estos datos que estamos generando hoy
serán oro puro para futuros dispositivos, ensayos clínicos y gobiernos", que servirán para
mejorar el abordaje y seguimiento de la epilepsia.
Elvira Vacas, presidenta de la Federación Española de Epilepsia.
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Aspecto de la sala durante la "III Edición de Developmental Epileptic Encephalopathies Day".
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