Critica la prohibición de la venta a distancia de cigarros electrónicos.
La
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho públicas, a través de un
informe, sus impresiones sobre el Anteproyecto que modifica la ‘
Ley Antitabaco’. La CNMC se muestra especialmente crítica con la nueva regulación sobre el
cigarrillo electrónico.
El anteproyecto incluye para los cigarrillos electrónicos restricciones a la
publicidad,
promoción y
venta, que ya existen para el tabaco, aunque en menor medida. Algunas de estas medidas, derivan de
normativa de la Unión Europea. La CNMC considera que “
se deben eliminar restricciones arraigadas en el sector del tabaco, como el
monopolio de los estancos”. Además, insta a revisar algunas de las medidas para los cigarrillos electrónicos y considerar herramientas alternativas como la imposición indirecta.
La Comisión, sin poner en duda el
objetivo de protección de la salud y la prevención del tabaquismo, cuestiona algunos de los instrumentos que se plantean en la norma, al considerar que “
no son los más adecuados ni los menos distorsionadores de la competencia”. Es decir, “no se ajustan a los principios de necesidad y de proporcionalidad, y ello en perjuicio de los consumidores y usuarios”.
Contra el monopolio de los estancos
Considera que el anteproyecto se centra en aspectos no previstos en el proyecto de norma sino en otras regulaciones existentes del sector del tabaco, que "no son adecuadas para proteger la salud y distorsionan la competencia". También reitera recomendaciones ya formuladas en pasado, como “
suprimir el monopolio de la red de estancos o al menos reconfigurarlo de forma más competitiva”.
La CNMC se posiciona en contra de la prohibición de la
venta a distancia de cigarrillos electrónicos, de la
exclusividad de los estancos y establecimientos especializados para la distribución de cigarrillos electrónicos y de la
prohibición de venta de productos distintos a los cigarrillos electrónicos en los establecimientos especializados.
Por último, recomienda que no se difunda y publique
información comercial sensible y reclama un análisis amplio del sector. En este sentido, plantea que se consideren otros instrumentos de política pública como la imposición indirecta, por su eficacia y menor distorsión de la competencia.
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