Una Mesa de análisis fiscalizará la aplicación del decreto de universalidad

El Ministerio de Sanidad ha creado una Mesa de análisis para implementar el Real Decreto que facilita el acceso a la asistencia sanitaria a los migrantes cuya situación administrativa no está regularizada. El nuevo órgano, impulsado mediante Orden ministerial, “nace con la misión de analizar la aplicación de las normas relacionadas con el acceso universal al SNS como principio fundamental del sistema público”, explica Sanidad en un comunicado.

La mesa asumirá tres funciones. La primera se centra en la evaluación de la norma, impulsando un análisis periódico de cómo los servicios autonómicos de salud y el Ingesa aplican las normas de acceso a la asistencia sanitaria. La segunda tiene que ver con asesoramiento y formación, colaborando en el diseño de “mecanismos que eliminen barreras de accesibilidad y en la formación de los profesionales sanitarios”. Por último, canalizará medidas divulgativas y acciones de comunicación para “orientar a la población sobre sus derechos” y fomentará el intercambio de “estrategias exitosas” entre administraciones.

La Secretaría de Estado de Sanidad presidirá el órgano, aunque también contará con representantes de todas las comunidades y ciudades autónomas, así como de distintas direcciones generales del Ministerio. Con ello se busca “equilibrar la gestión institucional con la experiencia directa sobre el terreno”.

Además, se incorporarán ocho vocalías para “organizaciones sociales con trayectoria en la defensa del derecho a la salud”, de las cuales al menos dos representarán específicamente a la población migrante. El Pleno se reunirá, como mínimo, dos veces al año y tendrá la capacidad de crear grupos de trabajo específicos para abordar retos concretos en materia de cobertura sanitaria.

Las claves del decreto de universalidad sanitaria

El Real Decreto de universalidad sanitaria ha entrado en vigor este viernes, después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el jueves y de recibir el aval del Consejo de Ministros el martes. Con la norma se busca homogeneizar criterios de acceso a la asistencia sanitaria y derogar los efectos de las restricciones interpuestas en 2012. En esencia, se simplifican los trámites para que las personas extranjeras “no registradas ni autorizadas como residentes” puedan acreditar su derecho a ser atendidos.

Bastará con que el solicitante manifieste, mediante una declaración responsable, que no tiene cobertura sanitaria por ninguna otra vía. Y aunque es necesario acreditar la residencia en España y el empadronamiento se sigue considerando el documento preferente para ello, se establecen alternativas como certificados de escolarización, informes de servicios sociales, facturas y cédulas de inscripción.

En el momento en el que una persona presente su solicitud de asistencia sanitaria, se le entregará un documento provisional que le permitirá el acceso inmediato a ese derecho con cargo a fondos públicos. La Administración tiene un plazo de tres meses para comprobar la documentación. Si no hay respuesta transcurrido ese tiempo, se entenderá que la solicitud se estima por silencio administrativo.

“Para asegurar el buen uso de los fondos públicos”, la norma también establece mecanismos de control. Si la petición se deniega, la Administración pasará la factura de la atención recibida al solicitante, aunque no habrá facturación si se demuestra posteriormente que, en el momento de recibir la asistencia sanitaria, el demandante sí que cumplía los requisitos. La Administración también podrá exigir el reintegro del importe total de la atención si se detecta que la declaración responsable es inexacta o falsa.