Sede del Ministerio de Sanidad.
Mónica García ha insistido este miércoles en que el
anteproyecto de Ley para reformar el Estatuto Marco aún es un texto vivo a pesar de que el Consejo de Ministros lo aprobara este martes en primera vuelta. En una rueda de prensa y a preguntas de
Redacción Médica, la ministra de Sanidad ha repetido, eso sí, que el Gobierno ya ha hecho su parte y que, por tanto, las cuestiones pendientes para atender las demandas de los sindicatos médicos que mantienen convocada la huelga son
competencia de las comunidades autónomas. Una de esas claves, ha dicho, está en la posibilidad de
articular mesas de negociación específicas para facultativos en los servicios de salud regionales. Sanidad pretende abordar este asunto en el
próximo Consejo Interterritorial monográfico sobre el Estatuto Marco, que finalmente se celebrará el 10 de junio. Su propuesta se basa en una
doble reforma legislativa: la del Estatuto Marco y la de la Ley de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, según consta en un informe de la Secretaría General Técnica que avanzó en primicia
Redacción Médica en abril. Ese es el documento que el ministerio defenderá ante las comunidades autónomas, a pesar de que fue rechazado públicamente por las centrales médicas.
Los consejeros autonómicos ya estuvieron cerca de conocer esa propuesta el 23 de abril. Sanidad los había convocado a una reunión ese día junto al comité de huelga después de que, según la versión ministerial, este diera su visto bueno a la oferta del departamento. Fueron aquellas unas conversaciones alejadas del foco mediático tras el, por entonces, último
desencuentro entre las partes en torno a la posible intervención de un mediador, una opción que los sindicatos rechazaron de plano. Sin embargo, las centrales rompieron el pacto de silencio el 21 de abril y, en un comunicado, aseguraron que la propuesta de Sanidad era “
inviable desde el punto de vista jurídico”. “El marco normativo vigente
impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo sin una modificación previa de la legislación básica estatal”, arguyeron.
Ese movimiento llevó al ministerio a desconvocar el encuentro con las comunidades autónomas. En un escrito enviado a las regiones, al que tuvo acceso este medio,
se afeaba a los sindicatos su falta de “voluntad” para “desescalar el conflicto” a pesar de la “buena fe” ministerial, fruto de lo cual se entendía que ya no era “útil y necesario” sentarse con los responsables autonómicos. En Sanidad no niegan que, tal y como señalaron las organizaciones médicas, sea necesario reformar más de una ley para dar amparo normativo a la creación de las mesas técnicas específicas para facultativos, pero aseguran que es perfectamente posible, siempre y cuando las regiones cumplan con la parte que les corresponde.
La propuesta de Sanidad para crear mesas técnicas de médicos
En el informe de la Secretaría General Técnica del ministerio se explica que el Estatuto Marco vigente, el de 2003, “no contempla expresamente la posibilidad de establecer mesas técnicas específicas”, pero que esa opción sí se incluyó en el anteproyecto de reforma acordado en enero en el Ámbito de Negociación, el que se ha aprobado en el Consejo de Ministros con los matices introducidos por otros departamentos del Gobierno. Los técnicos de Sanidad avalan que el nuevo
Estatuto Marco permita
establecer mesas técnicas según el número y las peculiaridades de los profesionales de cada área de salud, para lo cual se habría de tomar como “referencia” un “esquema regulatorio” ya vigente en el artículo 39.4 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ahora bien, sería necesario acometer una segunda reforma legislativa. Actualmente, la Ley de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas no permite establecer diferenciaciones entre colectivos profesionales dentro de las áreas de salud. Pero, de acuerdo al informe, cabría suprimir ese epígrafe para sustituirlo por “una nueva regulación que confiera
un margen mayor de decisión al legislador autonómico, en coherencia con la evolución del modelo del Sistema Nacional de Salud en el marco del sistema autonómico”. A juicio de la Secretaría General Técnica, esta segunda reforma tendría que llevarse a cabo después de que las comunidades autónomas articularan “un mecanismo de coordinación” entre las mesas sectoriales y las mesas técnicas para médicos, algo que facilitaría abordar la modificación normativa a nivel estatal.
Todo ello habría de contar con el
visto bueno de la mesa estatal del Ámbito de Negociación, es decir, los sindicatos con mayor representatividad en el ámbito de la sanidad, en base a los principios de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. El objetivo, según los técnicos de Sanidad, sería “evitar que se produzca una fragmentación de la representación sindical susceptible de afectar el ejercicio de la libertad sindical reconocida en el artículo 28 de la Constitución Española”. Sanidad tiene claro que esto es todo lo que da de sí el marco legal para poder atender esta reivindicación de los facultativos. Fuentes del Paseo del Prado aseguraron a
Redacción Médica en abril que ir más allá sería “ilegal” porque supondría saltarse, precisamente, la Ley de Libertad Sindical.
Está por ver si los consejeros autonómicos ven viable la propuesta. En todo caso,
al Estatuto Marco aún le quedará un largo recorrido después del Consejo Interterritorial del día 10. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto, sí, pero el documento
aún ha de someterse a audiencia pública antes de elevarse de nuevo a Moncloa, último paso antes de su tramitación parlamentaria, durante la cual el proyecto sufrirá más modificaciones con las enmiendas de los grupos.
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