Sanidad implica a las CCAA en la elaboración del baremo de daños sanitarios

El Ministerio de Sanidad ha solicitado la participación de todas las comunidades autónomas en la elaboración de un baremo de daños derivados de la asistencia sanitaria. El objetivo de esta medida es “articular tal participación para continuar con el avance en este asunto”.

Así se desprende de una repuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Redacción Médica, y donde la institución dirigida por María Luisa Carcedo sugiere además “la creación de un Comité institucional” para articular el futuro baremo de daños sanitarios.

Según la citada respuesta, fue el pasado 15 de noviembre de 2018 cuando se informó a todas las CCAA en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre los trabajos llevados a cabo por el Comité de Expertos para la elaboración de dicho baremo. También se acordó la implicación en estos trabajos de la estrategia de Seguridad del Paciente, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.

Sin novedades

En dicha reunión se acordó que se les remitiría toda la documentación relativa a este anteproyecto de ley. Este medio ha consultado a varias CCAA sobre este asunto, a lo que han respondido que no han recibido aún ninguna documentación al respecto.

Por su parte, fuentes del Comité de expertos reconocen que no tenían constancia de que el Ministerio de Sanidad hubiera implicado a las CCAA en este proyecto. Además, denuncian dichas fuentes, desde que se produjo el cambio de Gobierno no ha habido ninguna reunión del comité para la elaboración del citado baremo.

Valoración de los daños 

Este proyecto, que tiene como objetivo determinar los derechos de los pacientes en el caso de producirse daños por posibles errores médicos, viene de lejos. Hasta ahora se utiliza el baremo de víctimas de tráfico para establecer las indemnizaciones por daños derivados de la actividad sanitaria. Por eso, varios colectivos reclaman un baremo específico. Además, se propone como una herramienta útil para establecer una mayor seguridad jurídica y que pueda reducir la litigiosidad.