Se han realizado en total 749 solicitudes para la prestación para morir en España.
El Informe de Evaluación Anual 2022 sobre la
Prestación de Ayuda para Morir del Ministerio de Sanidad pone de manifiesto que
durante el año 2022 se aplicaron 288 prestaciones en todo el territorio sin incidencias reseñables, el 50 por ciento de las solicitadas. Un número que muestra un
aumento pronunciado desde la puesta en vigor de la Ley de Eutanasia pues, en 2021, fueron 75. En total, 363 personas han hecho uso de esta ley desde su aprobación.
El año pasado
se realizaron 576 solicitudes en total. Desde su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2022,
se han atendido 749 solicitudes de la prestación de ayuda para morir. En 2021, primer año de aplicación de la
ley de regulación de la eutanasia, se registraron 173 solicitudes, aunque es preciso tener en cuenta que los datos de 2021 corresponden a un periodo de seis meses, mientras que en 2022 corresponden a los 12 meses del año.
Perfil del solicitante de la prestación
En su mayoría,
las personas solicitantes tienen entre 60 y 80 años, con enfermedades graves de tipo neurológico u oncológico. Es importante apuntas que un tercio de las personas solicitantes fallecieron antes de resolverse su solicitud de eutanasia.
Desde el Ministerio de Sanidad explican que "el
número de personas que cambian de opinión o que solicitan un aplazamiento de la prestación
es mínimo". Además, reflejan que un 14 por ciento de los solicitantes se acogió al
programa de donación de órganos, lo que se tradujo en 135 trasplantes
Sobre las prestaciones, los datos indican que estas se han realizado
de forma preferente en el ámbito de la Atención Primaria y de la sanidad pública.
Solicitudes denegadas
En total,
el número de solicitudes denegadas fue inferior al 20 por ciento, de las que, tras las correspondientes reclamaciones ante las CCGE correspondientes, fueron estimadas favorables un tercio de las denegadas.
La Comisión de Garantía y Evaluación de eutanasia (CGyE) de cada comunidad y ciudad autónoma es el órgano administrativo encargado de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la LORE en su ámbito territorial, así como de
autorizar la aplicación de la prestación de ayuda a morir.
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