La Ley antitabaco prevé ahorros de hasta 200 millones anuales para el SNS

El Ministerio de Sanidad calcula que las políticas de control que prevé la nueva Ley antitabaco generarán, a medio plazo, un ahorro anual de entre 100 y 200 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud (SNS). En esencia, por la reducción de costes de tratamientos y actuaciones por enfermedades relacionadas con el consumo de cigarrillos o vapeadores, desde el cáncer hasta patologías cardiovasculares.

Sin mayor dilación, el departamento de Mónica García ha iniciado la tramitación de audiencia e información públicas de esta Ley de medidas contra el tabaco, que recibió este martes el visto bueno del Consejo de Ministros. La norma engloba iniciativas como la ampliación de los espacios ‘sin humo’, incluidas las terrazas de los bares; la regulación de productos relacionados, como los ‘vapers’; la prohibición de cigarrillos electrónicos de un solo uso; la limitación de la publicidad; el seguimiento de políticas públicas de prevención; y el refuerzo de programas para dejar de fumar. Eso sí, finalmente no ha entrado en el plan el empaquetado genérico, que se ha convertido en un punto de fricción entre los socios del Ejecutivo, PSOE y Sumar.

Eficiencia de recursos públicos con la Ley antitabaco

En cualquier caso, el Ministerio de Sanidad celebra las bondades de este anteproyecto de Ley que, sostiene, no solo repercutirá positivamente en la salud de la ciudadanía sino también en las arcas públicas. Según consta en el análisis de impacto de la norma, a medio y largo plazo las medidas que comprende permitirán aumentar la “sostenibilidad del sistema sanitario”, así como la “eficiencia en el uso de recursos públicos”.

El departamento de Mónica García expone que otros países europeos que han reforzado sus políticas ‘sin humo’ con medidas “coherentes, sostenidas e integradas” han generado “reducciones significativas en la prevalencia del tabaquismo” lo que se traduce “en ahorros relevantes en gasto sanitario y mejora de la productividad”.

En concreto, apunta a un ahorro estimado en gasto público anual de entre 100 y 200 millones de euros a medio plazo derivado de la reducción de enfermedades relacionadas con el tabaco, como el cáncer, el EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) o patologías cardiovasculares.

Además, se augura una reducción de costes indirectos por pérdidas de productividad laboral, ausencias y mortalidad prematura, “con un valor potencial superior a los 2.000 millones de euros anuales a partir de los 10 años de aplicación”. 

Costes de la Ley antitabaco para la administración

Por otro lado, Sanidad defiende que este proyecto normativo no provocará costes “significativos” adicionales para la Administración General del Estado ni implicará la creación de nuevas estructuras administrativas o la asignación de recursos extraordinarios.

Los principales costes potenciales derivarían de la supervisión del cumplimiento de las nuevas disposiciones (verificación de los puntos de venta autorizados, inspección de espacios libres de humo), que se asumirían dentro de las competencias ordinarias de las autoridades sanitarias, tanto estatales como autonómicas. “Por tanto, se estima que los costes presupuestarios directos son mínimos y se enmarcan dentro de los recursos humanos y materiales ya disponibles en las unidades competentes”.