El Ingesa recuerda el difícil encaje entre fármacos y ley de contratación

El Tribunal de Cuentas, en el ejercicio ordinario de su actividad habitual, ha publicado, con fecha 28 de noviembre, su Informe de fiscalización  Nº 1.649 sobre los gastos farmacéuticos hospitalarios gestionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ejercicios 2022 y 2023.

El Ingesa, en un comunicado que ha emitido este miércoles, valora muy positivamente la labor del Tribunal de Cuentas, cuya fiscalización constituye una auténtica auditoría externa de sobresaliente nivel técnico e incalculable valor por su aprovechamiento para la mejora de la gestión pública.

Por ello, la presente fiscalización, centrada en la gestión de la Farmacia Hospitalaria en los ejercicios 2022 y 2023,  ha contado con la activa y absoluta colaboración del Ingesa durante todo el proceso, tanto desde la Dirección General en sus Servicios Centrales como desde las gerencias de las áreas sanitarias de Ceuta y de Melilla, facilitando toda la información y documentación requeridas y manteniendo múltiples reuniones al efecto, tanto vía telemática como de forma presencial.

Destaca el Tribunal de Cuentas el elevado número de expedientes de contratación “sin procedimiento”; si bien se reconoce que el importe correspondiente a los mismos se había reducido un 7’20%, desde el 96’52% en 2022 hasta un 89,57% en 2023, tendencia positiva que ha continuado posteriormente y persiste en el momento actual.

La circunstancia señalada deriva de una de las características de la gestión de la Farmacia Hospitalaria, común a todos los hospitales del país, cual es la severa dificultad para lograr encajar, materialmente, la necesidad de aprovisionamiento de medicamentos, a menudo urgente, con los dilatados plazos y los complicados procedimientos que establece la normativa en materia de contratación administrativa.

Así, por ejemplo, el Informe del Tribunal de Cuentas sobre la contratación de medicamentos y productos farmacéuticos en una muestra de hospitales del SNS, referido a 1999 y 2000, ya situaba por encima del 90% el porcentaje de gasto en medicamentos fuera de los procedimientos establecidos en las normas de contratación del sector público. Y, mucho más recientemente, en julio de este mismo año, el mismo Tribunal de Cuentas hacía público un informe en el que hospitales de Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja arrojaban más de un 90% del gasto farmacéutico “al margen de la normativa de contratación pública”, con porcentajes de compras directas muy superiores a los habidos en Ceuta y Melilla: el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Cantabria), el Complejo Universitario de Badajoz (Extremadura), el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (Murcia) y el Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro (La Rioja) realizaron adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos al margen de la normativa de contratación pública, infringiéndose los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Especialmente significativo es el caso del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde el 99 % del gasto farmacéutico (más de 101 millones de euros) se efectuó al margen de los procedimientos previstos en la LCSP (en Ceuta el porcentaje de compras directas se situaba en el 49% en el mismo periodo).

En los hospitales de Murcia, La Rioja y Extremadura se recurrió mayoritariamente a contratos menores que, en muchos casos, superaron los umbrales legales al acumularse con un mismo proveedor y para un mismo objeto, faltaban protocolos normalizados de prescripción y dispensación, se detectaron carencias en los sistemas informáticos de gestión y diferencias de hasta un 97% en el precio pagado por un mismo medicamento, importantes deficiencias que suponen una ineficiente gestión de los recursos públicos y afectan a la sostenibilidad del sistema sanitario, según señaló el Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, cabe destacar que los centros e instituciones sanitarias dependientes del Ingesa son los únicos de todo el Sistema Nacional de Salud que, además de ser objeto de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, someten toda su gestión, también, de forma permanente y cotidiana, a la fiscalización previa llevada a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social, lo cual refuerza, aún más, sus controles operativos y la exigiencia de mejora continua.

De hecho, el Ingesa está en condiciones de anunciar que, finalizado 2024, los contratos menores en el Área Sanitaria de Melilla han supuesto el 67% del total (111 de 165), si bien ya solamente constituyen un 9’5% de las obligaciones económicas reconocidas (1.020.582’56€ de 10.764.833’09€) y apenas el 2’2% de los importes adjudicados (1.057.551’17€ sobre un total de 47.558.037,58€), consolidándose, de esta forma, una tendencia de mejora que merece una clara valoración positiva.

El Ingesa, sus direcciones territoriales y las gerencias de las áreas sanitarias de Ceuta y de Melilla están analizando todas las conclusiones del Tribunal de Cuentas para incorporar sus sugerencias correctivas y de mejora a corto y medio plazo. De hecho, los Acuerdos de Gestión para el ejercicio 2026, que serán firmados este mismo mes de diciembre, ya contemplaban medidas que ahora recomienda el Tribunal, tales como el impulso del uso de medicamentos biosimilares, la creación de la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital Universitario de Melilla, etc. Igualmente, existen aspectos del informe del Tribunal de Cuentas relacionados con la trazabilidad de medicamentos o la obsolescencia de los sistemas, que estarán superados con el traslado al nuevo Hospital Universitario de Melilla (HUME), así como mediante los avances que se están produciendo en la historia clínica electrónica en las áreas sanitarias de ambas ciudades autónomas.

Gracias al análisis que ha elaborado el Tribunal de Cuentas, cuya labor y recomendaciones agradece expresamente, el Ingesa puede reforzar sus procesos de mejora continua, explican en el citado comunicado. La institución recuerda además a la población que las conclusiones del Tribunal de Cuentas son públicas y que se puede acceder, a través de su página web, al informe íntegro, a un resumen del mismo y a la nota comunicativa del propio Tribunal de Cuentas.