¿Ley Anticorrupción? El Ministerio de Mónica García confía en lo ya hecho

La ley anticorrupción apenas ha empezado a gatear tras ser aprobada este martes en primera vuelta por el Consejo de Ministros. De momento, fuentes del Ejecutivo subrayan que el anteproyecto legislativo cubre todo el ciclo corruptor dirigiendo el foco hacia cuatro aspectos, dos de los cuales dependen directamente de las administraciones públicas: la prevención y el fortalecimiento institucional. Pase lo que pase en los próximos meses -la intención de Moncloa es que la tramitación parlamentaria de la ley comience tras el verano-, en el Ministerio de Sanidad ya tienen los deberes hechos en ese sentido. El departamento cuenta con un Comité Antifraude desde 2022 que fue renombrado como Comité de Integridad y Antifraude a finales de 2025. En ese órgano está integrado, de hecho, el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria creado en abril de 2024, tal y como confirman fuentes ministeriales.

Mónica García anunció la puesta en marcha del Observatorio un mes antes, a primeros de marzo, poco después de que estallara el caso Koldo. La Guardia Civil había detenido el 21 de febrero al exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos por el presunto fraude en el seno del Gobierno en la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Pedro Sánchez no presentó el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción hasta julio de 2025, cuando la trama -y algunas de sus ramificaciones- ya había salpicado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que ha recibido ahora el aval de Moncloa en primera vuelta forma parte de ese Plan. Contiene 84 medidas y modifica 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas, y entre otras cosas prevé incorporar en todas las administraciones análisis de riesgos en la externalización de servicios esenciales como los sanitarios.

Así son las herramientas anticorrupción de Sanidad

Otra de las medidas previstas es crear comités de integridad en todos los ministerios para fortalecer las medidas de gobernanza anticorrupción en la Administración, y lo cierto es que Sanidad ya lleva varios años dando pasos en ese sentido. El departamento aprobó un Plan de Medidas Antifraude antes de que terminara la pasada legislatura, en abril de 2022, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esa estrategia implicó la creación de un Comité Antifraude en el ministerio.

El Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria nació dos años después a través de una Orden ministerial. La iniciativa, según había explicado García poco antes, vino como fruto de la adhesión del Ministerio de Sanidad a la Red Europea contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. El primer Plan Estratégico del Observatorio se aprobó meses después, en septiembre. El 12 de mayo de 2025 se dio luz verde al Código Ético y de Conducta del ministerio, que se puso a disposición de los altos cargos del departamento y de todos sus empleados. El último paso en esta política para prevenir la corrupción fue la conversión del Comité Antifraude en el Comité de Integridad y Antifraude, cuya composición, funciones y régimen de funcionamiento quedaron regulados por Orden ministerial en diciembre de 2025, aunque no se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el pasado 1 de enero.

La Presidencia de este órgano colegiado la ostenta la Jefatura del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Sanidad. Entre sus vocales hay un miembro de la Inspección General de Servicios del departamento y dos del Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. También se cuenta con sendos representantes de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada en el Ministerio de Sanidad, ambos con voz pero sin voto, sólo a título consultivo.

Funciones del Comité de Integridad y Antifraude de Sanidad

El Comité tiene encomendadas diversas funciones que, en primer lugar, están relacionadas con el ámbito de los Fondos Europeos, como aprobar el modelo de evaluación de riesgo a los intereses financieros de la Unión Europea y, por otro lado, proponer la aprobación de un plan de control interno y su evaluación. En lo que se refiere al Sistema de Integridad, ha de impulsar las medidas necesarias para adaptarse al Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y, además, tiene que velar por el cumplimiento del Código Ético y de Conducta del propio ministerio impulsando iniciativas de formación.