José Luis Perea, secretario general de ATA.
Con miles de médicos ejerciendo como profesionales por cuenta propia en clínicas, hospitales y centros de salud privados, el papel del
sanitario autónomo es hoy
esencial en el sistema sanitario español. Sin embargo, sus condiciones laborales, su protección social y su encaje legal siguen sin estar plenamente reconocidos. Desde la
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), su secretario general,
José Luis Perea, reclama avances normativos que dignifiquen su labor y, en especial, una
jubilación anticipada que reconozca la penosidad de muchas de sus funciones.
“A partir de ahora podremos decir al
Ministerio cuáles son las profesiones donde ha habido unas
condiciones penosas o nocivas y que, por tanto, permiten plantear una jubilación anticipada”, señala Perea en una entrevista con este medio. Esta posibilidad se enmarca en el nuevo desarrollo reglamentario del
sistema de cotización por ingresos reales, que reconoce la existencia de actividades especialmente exigentes y permite identificar colectivos con derecho a jubilarse antes de la edad ordinaria, una medida inédita hasta hace poco en el ámbito del trabajo autónomo.
El secretario general de ATA recuerda que esta vía ya está abierta dentro del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), aunque condicionada a bases de cotización más altas. “Los profesionales tienen la posibilidad de optar a una mejor jubilación siempre y cuando coticen más”, indica.
En este sentido, el nuevo modelo de cotización por ingresos netos mejora, según ATA, las oportunidades para que un
médico autónomo acceda a
prestaciones más generosas. “Antes, las bases estaban topadas. Ahora puedes incrementar tu base según tus ingresos netos y así tener una jubilación más competitiva frente a lo que pueda ofrecer la mutualidad”, afirma el dirigente.
Un colectivo sanitario “clave” con escasa protección
ATA representa a unos
264.000 autónomos vinculados a la
sanidad privada en España, agrupados en una comisión sectorial que incluye no solo médicos, sino también fisioterapeutas, psicólogos, dentistas, podólogos y ópticos, entre otros. “Calculamos que hay aproximadamente
60.000 médicos trabajando en la sanidad privada. La inmensa mayoría lo hace como autónomos, ya sea con consulta propia o prestando servicios para centros u hospitales”, apunta Perea.
A nivel general, estima que entre un 17 por ciento y un 20 por ciento del total de autónomos del país desempeña una actividad vinculada
directa o indirectamente con el ámbito sanitario. “Es un porcentaje muy importante dentro del RETA”, subraya.
Sin embargo, el secretario general de ATA considera que el sistema público presta poca atención a este colectivo. “No debería haber una sanidad pública y otra privada como compartimentos estancos. Lo que debe primar es la calidad y la seguridad del paciente. Y para eso también hay que supervisar, evaluar y preocuparse por la sanidad privada”, defiende.
Perea advierte que, en muchos casos, los profesionales están “subyugados al mercado” y a un
sistema de pólizas “low cost” que rebaja la calidad asistencial. “Los baremos que pagan las compañías o los hospitales están completamente desactualizados. Son baremos de los años 80. No se han ajustado al IPC ni a los costes actuales, que son muy distintos”, critica.
ATA propone un marco normativo específico para sanitarios autónomos
A raíz de la inminente reforma del Estatuto Marco del personal sanitario público, ATA plantea que se elabore también un
marco legal específico para los sanitarios por cuenta propia. “Entendemos que hay que proteger los derechos de estos profesionales, igual que se va a hacer en el ámbito público”, señala Perea.
El responsable de ATA denuncia que muchos sanitarios autónomos carecen incluso de un contrato profesional con las
compañías aseguradoras. “Eso los deja en
situación de indefensión. No pueden hacer inversiones en sus clínicas porque no tienen garantías de continuidad. Las compañías los sacan y los meten de los cuadros médicos a su antojo”, advierte.
Entre las medidas que defiende ATA, figura la obligación de actualizar anualmente los baremos al IPC y que, cuando una compañía acuerde con un hospital una subida de honorarios, parte de esa mejora se repercuta en los profesionales. “No hablamos de fijar precios, porque
estamos en libre competencia. Pero al menos sí debe haber principios mínimos que protejan la labor del profesional”, argumenta.
Perea también denuncia que muchas compañías negocian con los hospitales “con las claves de los profesionales”, sin que estos participen en la decisión final. “
Negocian en su nombre y luego no les trasladan la subida. Esa opacidad es insostenible”, sostiene.
RETA vs. mutualidades: “Recomendamos cotizar en el sistema público”
Otro de los temas recurrentes en el ámbito médico es la
dualidad entre el RETA y las mutualidades profesionales. José Luis Perea reconoce que muchos sanitarios optan por seguir cotizando en la mutualidad, aunque desde ATA apuestan por el régimen público. “Siempre hemos defendido el RETA. Se han incorporado más de 80 medidas en los últimos diez años y hoy ofrece casi los mismos derechos que un asalariado”, afirma.
Entre esas mejoras cita el acceso a las
bajas por maternidad o paternidad, la bonificación de cuotas durante los dos años posteriores a la baja maternal, o el derecho al cese de actividad. “Cada médico debe valorar si la mutualidad le resulta más atractiva, pero desde luego el RETA garantiza muchas más prestaciones”, sostiene.
Respecto a las
bajas por enfermedad, Perea afirma que no existe una barrera legal en el acceso, aunque sí reconoce que los autónomos a veces lo perciben como un sistema complejo. “Está regulado, hay derecho al subsidio, pero a menudo
falta información o acompañamiento”, admite.
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