José Quílez Conde, presidente de SEC.
Cuando hablan del
'síndrome postaborto', los profesionales dedicados a la salud reproductiva lo tienen claro: "
no existe una evidencia científica que respalde dicha entidad". Por tanto, creen que "carece por tanto de fundamento la necesidad de informar de este concepto a las
mujeres que solicitan una interrupción del embarazo" tal y como indica la
iniciativa recientemente aprobada por el Ayuntamiento de Madrid.
Esta es la postura que defiende la
Sociedad Española de Contracepción (SEC), comprometida con el rigor y la evidencia, y convencida de que la salud mental es "sin duda uno de los pilares fundamentales del bienestar individual. Las
mujeres con embarazos no deseados pueden presentar problemas psicológicos, al igual que cualquier otra mujer". Sin embargo, dichos problemas habitualmente están condicionados por el propio embarazo no deseado o por su situación social o personal, por lo que, "la mayoría de las mujeres que demandan una interrupción de embarazo tienen ya su decisión tomada y
no presentan ningún problema psicológico previo ni posterior al procedimiento".
Infantilización sistemática
"Se les debe proporcionar una información científica y profesional, alejada de postulados ideológicos, y debe evitarse su infantilización sistemática a la hora de tomar decisiones sobre su propia salud", indican desde la entidad, compuesta por ginecólogos, médicos de Atención Primaria, Enfermería, matronas y otros profesionales del sector.
En este sentido, las mujeres que van a abortar deben recibir "una atención profesional, que les facilite un procedimiento realizado en condiciones de seguridad y sin presiones, y un apoyo psicológico en los casos en los que éste sea necesario y no de forma generalizada".
Bulos y desinformaciones
Por todo ello, la SEC solicita a las Administraciones Públicas que tienen competencias en este ámbito "seriedad y rigor en sus propuestas, evitando contribuir a la propagación de bulos y desinformaciones", informan en un comunicado.
También creen conveniente "tener en cuenta la voz de los profesionales que se dedican a este ámbito de la sanidad y así, evitar patologizar a las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo".
La sociedad también es partidaria de "trabajar activamente por la sanidad pública, fomentar la derivación precoz de las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo y eliminar los circuitos ineficaces que penalizan en demasiadas ocasiones a estas mujeres".
"Reiteramos que, en ese bienestar individual de la mujer que decide la interrupción voluntaria de su embarazo, es necesario que el Sistema Nacional de Salud facilite la prestación y el acceso al IVE en su Comunidad Autónoma, evitando el desequilibrio territorial existente que obliga en muchas ocasiones a desplazarse a otras comunidades, tal como señala la Ley Orgánica 1/2023 de 28 de Febrero en su Art. 4", reiteran.
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