La llegada del
mecanismo de equidad intergeneracional a la reforma de las pensiones ha generado más dudas que certezas entre el colectivo médico, que teme pagar más sin que esto revierta en una mayor cuantía de jubilación.
El nuevo sistema de cotización, acordado entre el
Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales para garantizar el equilibrio del
Fondo de Reserva, establece un incremento mensual del 0,6 por ciento a partir de 2023, que será asumido de forma desigual por la empresa (0,5 por ciento) y por el trabajador (0,1 por ciento).
Para saber cuánto supondrá en la práctica, basta con restar ese porcentaje al salario percibido teniendo en cuenta la
base de cotización. Esto en el caso de los médicos, donde la mayoría alcanza la cotización máxima de 4.070,10 euros, supondrá una retención adicional de
4,07 euros mensuales. Por tanto, a final de año, se descontarán 48,8 euros del salario anual de cada facultativo.
Así, un médico de entre 30-40 años al inicio de su vida laboral acabrá percibiendo
59.441 euros brutos de media al año, mientras que un facultativo con plaza propia en su etapa final (tipo 4), obtendrá una nómina e 80.955 euros, frente a los 81.004 actuales. En total, los médicos aportarán
488 euros más a las arcas públicas en los diez años que se espera dure la medida.
¿Cuánto aportarán al aplicar una retención del 45%?
Las cifras varían, no obstante, al hablar del
sueldo neto del colectivo, ya que, además de tener unas bases máximas de cotización también ostentan uno de los tipos de retención más altos. Por tanto, si se tiene en cuenta el
45 por ciento que se aplica a los salarios de más de 60.000 euros anuales, solo se restarán como máximo 2,5 euros al salario tras descontar el IRPF.
En el caso de facultativos no propietarios habría que añadir a esos porcentajes un 1,55 por ciento para desempleo en el caso del trabajador, según apunta Vicente Matas, coordinador del Sindicato Médico de Granada. Aún así, la cuantía exacta resulta difícil de calcular ya que depende de factores individuales asociados a cada facultativo y a su vida profesional.
En el caso los servicios públicos, que en este caso asumirán la mayor parte del porcentaje de cotización como empresas, se aplicará un extra de
20,35 euros mensuales, lo cual, al año supondrá un sobrecoste de 244 euros por cada trabajador dado de alta.
Además, la compañía debe cotizar un 5,5 por ciento adicional para el desempleo de los trabajadores no propietarios.
Esa
doble vertiente de cotización beneficiará no obstante al trabajador frente al 0,5 por ciento que se planteaba en un principio y que, en el caso de la profesión médica, equivalía a unos
20 euros adicionales al mes y 238,8 euros al año.
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