Pedro Gullón.
Cuando no llegar al alquiler se convierte en un problema de salud pública
Pedro Gullón Tosio es director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad
Llevamos años diciendo que la prevención debe ocupar un lugar central en el futuro del Sistema Nacional de Salud. Y es difícil estar en desacuerdo con ello. Sin embargo, cuando hablamos de prevención, nuestra mirada suele dirigirse hacia las vacunas, los cribados, los hábitos saludables o la reducción de determinados factores de riesgo. Son intervenciones fundamentales, pero si ampliamos la mirada y pensamos en las llamadas causas de las causas, aparece un determinante cuya importancia resulta difícil exagerar y que, sin embargo, sigue teniendo un papel secundario en muchos debates sanitarios: la vivienda.
La crisis de acceso a la vivienda que vive España, así como la mayoría de países de nuestro entorno, suele abordarse como un problema económico, urbanístico o incluso a veces generacional. Y lo es. Pero es algo más. Es también un problema de salud pública. Probablemente uno de los más relevantes de nuestro tiempo.
La relación entre vivienda y salud no es nueva ni responde a una moda reciente. La Organización Mundial de la Salud lleva décadas señalando que las condiciones en las que vivimos tienen consecuencias directas sobre nuestra salud. El hacinamiento, las temperaturas extremas dentro de los hogares, la inseguridad residencial o las deficiencias de las viviendas no son únicamente problemas sociales: pueden traducirse en enfermedad y, además, ser una de las principales causas que aumentan las desigualdades en salud.
"Sabemos, por la evidencia científica acumulada durante años, que las condiciones de la vivienda tienen consecuencias reales sobre la salud"
No es solo una cuestión de discurso “facilón”. Sabemos, por la evidencia científica acumulada durante años, que las condiciones de la vivienda tienen consecuencias reales sobre la salud.
Una vivienda saludable protege frente al frío y el calor extremos, reduce la exposición a contaminantes ambientales, favorece el descanso y proporciona estabilidad emocional. Por el contrario, una vivienda inadecuada aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, infecciosas y problemas de salud mental. La propia OMS identifica las malas condiciones residenciales como uno de los mecanismos por los cuales las desigualdades sociales terminan convirtiéndose en desigualdades en salud.
En España, además, esta cuestión adquiere una relevancia especial en el contexto de la actual emergencia habitacional. Durante los últimos años, el precio de la vivienda y de los alquileres ha crecido muy por encima de la capacidad económica de numerosos hogares. Las políticas de vivienda para controlar los precios no han sido aplicadas en las CCAA. Para muchos ciudadanos, especialmente jóvenes, familias monoparentales y trabajadores con rentas bajas o medias, acceder a una vivienda adecuada se ha convertido en una fuente permanente de incertidumbre.
Y vivir permanentemente con esa incertidumbre también tiene un coste para la salud.
La salud mental es uno de los grandes retos de salud pública que tenemos por delante. Sin embargo, seguimos abordando con frecuencia la ansiedad y la depresión desde una perspectiva casi exclusivamente clínica. Es una mirada necesaria, pero insuficiente. Para muchas personas, detrás del malestar hay también circunstancias materiales muy concretas: no saber si podrán seguir pagando el alquiler, afrontar cada renovación del contrato con incertidumbre o no poder emanciparse pese a tener un empleo.
"No sorprende que los estudios que han analizado estas situaciones encuentren peores indicadores de salud mental entre las personas que atraviesan procesos de desahucio"
Esas situaciones generan estrés sostenido. Y sabemos que el estrés mantenido tiene consecuencias sobre la salud mucho más allá del propio bienestar emocional.
La evidencia científica es contundente en este sentido. Revisiones sistemáticas recientes muestran una asociación consistente entre inseguridad residencial y peor salud mental, especialmente entre personas que destinan una parte excesiva de sus ingresos a la vivienda o que sufren inestabilidad habitacional. Además, el estrés mantenido se relaciona con trastornos de ansiedad, depresión, insomnio, peor control de enfermedades crónicas e incluso un mayor riesgo cardiovascular. La vivienda se convierte así en un factor de riesgo tan real como otros que forman parte habitual de nuestras estrategias preventivas.
A ello se añade otro elemento que debería preocupar especialmente a los responsables públicos: el impacto en salud pública de los desahucios.
Perder la vivienda supone mucho más que cambiar de domicilio. Un desahucio puede implicar la ruptura de redes familiares y comunitarias, cambios forzados de colegio o de lugar de trabajo, pérdida de estabilidad y una incertidumbre difícil de sostener durante meses.
Por eso no sorprende que los estudios que han analizado estas situaciones encuentren peores indicadores de salud mental entre las personas que atraviesan procesos de desahucio. El estrés, los síntomas depresivos y los problemas de sueño aparecen con frecuencia asociados a estas experiencias.
Quienes trabajamos en salud pública sabemos que estos problemas no se quedan fuera de la consulta. A veces aparecen en forma de insomnio, ansiedad, empeoramiento de una enfermedad crónica o depresión. Podemos tratar esos problemas, pero no siempre podemos actuar sobre aquello que los está provocando.
Existe además una dimensión política que no puede ignorarse. Durante años hemos aceptado que las políticas de vivienda y las políticas sanitarias pertenecen a compartimentos estancos. Sin embargo, resulta cada vez más evidente que las decisiones sobre vivienda son también decisiones sobre salud. Un profesional sanitario que piense en la salud de sus pacientes debe abogar también por políticas de vivienda que garanticen una vida digna y saludable.
Una política de rehabilitación energética puede prevenir problemas asociados al frío y al calor y reducir la pobreza energética. Facilitar el acceso a una vivienda asequible puede aliviar una fuente importante de estrés para muchos hogares. Y evitar que una familia pierda su vivienda significa, en muchos casos, intervenir antes de que aparezcan consecuencias que después terminan llegando a los servicios sanitarios. Son decisiones que se toman fuera del sistema sanitario, pero que tienen consecuencias dentro de él.
"Evitar que una familia pierda su vivienda significa, en muchos casos, intervenir antes de que aparezcan consecuencias que después terminan llegando a los servicios sanitarios"
La OMS insiste precisamente en la necesidad de abordar la vivienda desde una perspectiva intersectorial, integrando salud, urbanismo, energía y políticas sociales.
En España llevamos años hablando de «salud en todas las políticas». Pero este principio no significa que el sector sanitario tenga que hacer las políticas de vivienda, urbanismo, energía o empleo. Significa algo más sencillo y, al mismo tiempo, más exigente: que tenemos que trabajar con quienes toman esas decisiones y poner sobre la mesa sus consecuencias para la salud. También implica que el sector sanitario debe participar en esos debates y defender que la salud y la equidad formen parte de ellos.
Porque la pregunta relevante no es únicamente cuántas viviendas necesitamos construir o qué medidas pueden contener los precios. La pregunta es también qué impacto tienen nuestras políticas residenciales sobre la salud colectiva.
La cuestión, por tanto, no es únicamente cuántas viviendas necesitamos construir o qué medidas pueden contribuir a contener los precios. También deberíamos preguntarnos qué consecuencias tienen nuestras políticas de vivienda sobre la salud.
¿Qué ocurre con una familia que dedica una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler? ¿Qué impacto tiene sobre la salud mental vivir sin saber si dentro de seis meses se podrá seguir viviendo en el mismo barrio? ¿Y qué significa hablar de envejecimiento saludable cuando una persona mayor vive en una vivienda que no está preparada para las temperaturas extremas?
"Deberíamos preguntarnos qué consecuencias tienen nuestras políticas de vivienda sobre la salud"
Estas no son preguntas ajenas a la salud pública. Son preguntas de salud pública.
La vivienda digna es un derecho social, pero también es una intervención de salud pública. Invertir en vivienda no supone únicamente construir edificios; significa generar bienestar, reducir desigualdades y prevenir enfermedad. Significa actuar antes de que los problemas lleguen a las consultas, a los hospitales o a los servicios de salud mental.
Por eso creo que el sector salud debería participar mucho más en el debate sobre vivienda. No para ocupar el lugar de quienes trabajan en vivienda, urbanismo o economía, sino para aportar algo que a veces queda fuera de la discusión: las consecuencias que esas decisiones tienen sobre la salud.
Porque una vivienda no es solo un lugar donde vivir. Las condiciones de ese lugar determinan cuánto frío o cuánto calor sufrimos, cuánto estrés soportamos, cuánto tiempo podemos descansar, qué redes mantenemos y, en último término, qué oportunidades tenemos de vivir con buena salud.
Hablar de vivienda es, también, hablar de prevención. Y si realmente creemos que la prevención debe estar en el centro del futuro del Sistema Nacional de Salud, quizá deberíamos empezar a mirar mucho más seriamente hacia fuera de sus propios límites.
