La financiación autonómica, comprometida a 4 ejes de la reforma de Primaria

La Atención Primaria española encara un año decisivo. Al término de este primer trimestre, las comunidades deberán rendir cuentas, por primera vez, sobre el aterrizaje autónomico del Plan de Acción 2025-2027, un año después de su aprobación. Será entonces cuando el Ministerio de Sanidad analice la implantación efectiva de esta estrategia por parte de las diferentes regiones, en base a la metodología de evaluación y seguimiento acordada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) a cierre de año. La duda ahora se centra en las posibles repercusiones que podría acarrear un potencial incumplimiento del plan por parte de los departamentos de salud autonómicos. 

Si bien dicho Manual de Evaluación no contempla "sanciones directas" para las comunidades autónomas que no materialicen los objetivos establecidos, "atendiendo a la propia naturaleza del acuerdo de aprobación", la partida presupuestaria destinada a este primer asistencial en cada territorio podría verse comprometida dependiendo del númeto de metas alcanzadas.

En concreto, son cuatro las acciones vinculadas al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 cuyo cumplimiento "condicionará la percepción de los fondos finalistas para Atención Primaria" que Sanidad "prevé distribuir en 2026 a las comunidades autónomas, siempre que exista disponibilidad presupuestaria", tal y como detalla el departamento del ramo a Redacción Médica. 

Cuatro acciones 'clave' 

Con la información recopilada a  partir de marzo -fecha dada a las CCAA para otorgar los datos correspondientes a 2025- el ministerio verificará, en primer lugar, la publicación de una nueva oferta de empleo público para todas las categorías de Atención Primaria en cada territorio, tal y como recoge el texto acordado.  

El 'examen' ministerial se centrará también en el compromiso adquirido por las autonomías - y recogido en la primera línea del plan- a la hora de implantar acciones sobre puestos de díficil cobertura, en base a los criterios mínimos para identificar dichas situaciones y los incentivos (económicos y no económicos) para la atracción y retención de profesionales que quedaron fijados en el acuerdo adoptado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en 2023 como parte del Plan de Acción correspondiente a ese periodo. 

Como requisito para recibir la financiación mencionada, las Administraciones regionales también deberán, tal y como marca la estrategia, haber realizado "los cambios necesarios" en sus correspondientes sistemas de salud para priorizar el nombramiento de enfermeras especialistas, "principalemente provenientes de las bolsas de empleo". 

Existe un cuarto eje condicional que Sanidad tendrá en cuenta a la hora de supeditar la financiación y que tiene que ver con las acciones que cada comunidad se ha comprometido a desarrollar en aras de "garantizar la estabilidad del 100 por cien de las unidades docentes" acreditadas en este primer nivel asistencial. 

Acuerdos obligatorios 

Así, en caso de no cumplirse dichos requisitos, "las comunidades autónomas no podrán acceder a la parte de la distribución correspondiente al ejercicio 2026", sentencia el ministerio. Dicha 'condición', sin embargo, no es nueva. Las consecuencias derivadas del incumplimiento de dichos acuerdos ya vendrían contempladas en la Ley 40/2015 del de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.