Médicos en los pasillos del hospital.
La actual generación de
facultativos residentes en España se enfrenta a
unas condiciones laborales y retributivas considerablemente peores que las de hace casi dos décadas. Así lo expone el último estudio de la Fundación Centro de Estudios “Vicente Matas”, adscrito al Sindicato Médico de Granada (Simeg), en el que han evaluado
cómo es la situación de los MIR desde el 2009 hasta el día de hoy, en 2026. “La pérdida de poder adquisitivo en el sueldo base ha sido brutal", afirman en el documento, sustentándose en que la inflación acumulada se sitúa en
un 40,6 por ciento desde enero de 2009 hasta febrero de 2026.
Desde la Fundación lo ilustran poniendo el ejemplo del sueldo base de un facultativo del grupo A1 en 2026, que es de
18.358,98 euros anuales. Esto, según los datos que manejan, supone
una merma de 4.272,43 euros al año, un 23,37 por ciento menos si se compara con las cuantías previas al recorte gubernamental del año 2010. En lo que respecta a la jornada ordinaria sin guardias, la pérdida es especialmente alta para el
residente de quinto año, con hasta 7.713 euros anuales de merma, lo que representa cobrar un
24,1 por ciento menos en términos reales.
El incremento de la jornada laboral como recorte
El Centro de Estudios señala que
“en 2026 muchos se ven obligados a trabajar más horas que en el año 2009, sin repercusión retributiva”. Con esto, hacen alusión al incremento de jornada de 2,5 horas semanales que sigue presente en algunos servicios. Calculan que esto se traduce en alrededor del 6,7 por ciento de las retribuciones brutas, lo que supone unos
1.229 euros brutos anuales mínimos para los
residentes de primer año y unos 1.959 euros brutos anuales máximos para los residentes de quinto año.
La Fundación Vicente Matas denuncia algo que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas, donde, para cumplir con las 37,5 horas semanales,
“se les está dejando de pagar a los residentes una parte de la guardia, recorte adicional, que además resulta totalmente discriminatorio con otras categorías de los propios Servicios de Salud, con otros empleados públicos y con los residentes”, en el sentido de que en otras autonomías sí les permiten compensar ese tiempo con
tareas de formación o de investigación. Combinando todos estos factores, el análisis cifra una pérdida de poder adquisitivo que
puede superar el 25 y el 30 por ciento en muchos casos.
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