Un Real Decreto otorgaba al INEM la capacidad de otorgar concesiones y pagos de subvenciones, y Andalucía ha reclamado este derecho



12 mar. 2013 12:30H
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Hiedra García / Ricardo Martínez. Madrid
La jurisprudencia sigue arbitrando entre comunidades autónomas y Estado en los conflictos sobre formación continuada. En este caso, una nueva sentencia del Tribunal Constitucional publicada recientemente ha dado la razón a Andalucía al reclamar sus competencias en este sentido. (Accede a la sentencia)

José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el conflicto de competencia interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en relación al RD 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.

En concreto, el alto tribunal ha declarado que el artículo 17.1 del citado RD vulnera las competencias de la Junta.
El apartado primero de este precepto establece que corresponde al Instituto Nacional de Empleo (INEM) la concesión y pago de las subvenciones destinadas a la realización de acciones complementarias  de investigación, de estudios de carácter sectorial y de productos y herramientas innovadores relacionados con la formación continua.

Sin embargo, respecto al apartado primero del artículo 17, el Constitucional ya se ha pronunciado y ha declarado que  vulnera el orden de distribución competencial por atribuir expresamente a un órgano estatal (INEM) el ejercicio de funciones de naturaleza ejecutiva, consistentes en la concesión y pago de ayudas sin que concurran las circunstancias excepcionales que podrían justificar la gestión centralizada.

En el caso de la acreditación de la formación médica continuada, hace más de dos años que la competencia pasó a las comunidades autónomas, y se disolvió el organismo que hasta ese momento era competente, el Sistema Español de Acreditación de Formación Médica Continuada, o Seaformec.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ha señalado en ocasiones las limitaciones que supone que las 17 comunidades autónomas sean gestoras de sus propias actividades formativas. Sin embargo, los responsables del Ministerio aseguran que su labor en este sentido es ejercer “con firmeza” su competencia para cohesionar la formación médica continuada entre las comunidades autónomas.

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