La farmacia andaluza reclama “más rigor” en la concesión de licencias de distribución

Eduardo Ortega Socorro. Madrid
“Nosotros estamos totalmente en contra del comercio ilícito de medicamentos y, por supuesto, no compartimos estas prácticas. Las desaprobamos desde la mayor rotundidad”. Así de claro se expresa Antonio Mingorance, presidente del Consejo Andaluz de Farmacéuticos, sobre el contrabando de fármacos, fenómeno del que Andalucía ha vivido un nuevo episodio tras la imputación de 15 personas más, en Granada, en el marco de la operación Convector hace unas semanas. 

Antonio Mingorance, presidente del Consejo General Andaluz de Farmacéuticos.

Sin embargo, Mingorance también advierte de que parte de la responsabilidad de la situación recae sobre las administraciones públicas, y reclama que existan unas “exigencias mínimas más duras” a la hora de conceder la licencia de almacén mayorista de medicamentos.

Y es que el presidente de la farmacia andaluza critica que ”no se pueden dar estas licencias alegremente. El medicamento es un asunto delicado, un bien esencial”, razón por la que exige “un mayor rigor y un mayor control” de las autorizaciones de mayoristas farmacéuticos.

En este sentido, hay que recordar que Granada (donde se produjeron las detenciones) aglutina a 29 de los 63 almacenes no pertenecientes a ninguna de las grandes cadenas de distribución que operan en Andalucía. Es decir, que concentra más del 63 por ciento de estas empresas.

Andalucía, 'zona caliente'

Con todo, la situación no es nueva. Antes de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) comenzara su colaboración con las Fuerzas del Orden Público con el fin de acabar con el comercio ilegal de fármacos, Andalucía era, según fuentes del sector, una de las zonas calientes de España en lo que se refiere a esta práctica. ¿Cuál es la causa? Aunque Mingorance reconoce que no tiene una respuesta clara a esta pregunta, advierte de que poco puede hacer el órgano que preside ante este problema: “no podemos acusar a nadie de nada, porque no tenemos pruebas. De tenerlas, podríamos establecer sanciones de tipo deontológico por falta de ética profesional, pero hasta que Hacienda y la Guardia Civil entran en la cuestión, tenemos las manos atadas”.

De hecho, está de acuerdo con el endurecimiento del código penal respecto a este tipo de delitos y la aprobación de penas de prisión como castigo. “Todo el peso de la Ley debe caer sobre los autores de estos delitos”.

Sin embargo, no comparte con Belén Crespo, directora de la Aemps, la visión de que las tramas que se están desarticulando indiquen un punto de ruptura en el sistema farmacéutico español. “Porque haya un porcentaje mínimo que cometa este tipo de prácticas no se puede vilipendiar al resto de los compañeros. Eso es ir muy lejos”, opina Mingorance.

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