Oficina de farmacia rural.
En el
Día Mundial del Farmacéutico, la jornada de hoy invita a reconocer el papel estratégico que desempeñan estos profesionales en la atención sanitaria, así como los desafíos laborales que enfrentan cotidianamente.
Este año, esta celebración adquiere un matiz todavía más relevante:
el XXVI Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia, cuya renovación lleva meses en la mesa de negociación, se ha convertido en uno de los principales focos de interés para el sector.
Trayectoria de una negociación compleja
Desde comienzos del año, sindicatos (CCOO-FSSS, UGT Servicios Públicos, CIG, Fefane) y la patronal (FEFE) se han sentado en la mesa con la aspiración de
actualizar un marco que regula las condiciones laborales de los más de 80.000 farmacéuticos colegiados en España.
Sin embargo, lo que prometía ser un proceso ágil se fue ralentizando.
La ley propuesta para la reducción de jornada laboral (que plantea pasar de 1.785 a 1.712 horas anuales, equivalente a 37,5 horas semanales) se convirtió en un eje central ya que buena parte de las propuestas y bloqueos del convenio dependen de su texto final y su paso por el Parlamento.
Poco después, emergió otro punto de fricción:
la regulación de las bajas por incapacidad temporal (IT). En junio,
las negociaciones se congelaron precisamente por desacuerdos en cómo incluir estas bajas y sus distintos supuestos, en el convenio. Las fuentes consultadas atribuyeron ese bloqueo en parte al creciente nivel de absentismo y a la falta de consenso sobre compensaciones en casos de enfermedades profesionales.
Paralelamente,
los sindicatos introdujeron reivindicaciones vinculadas a la modernización del marco laboral como es el registro de jornada y la desconexión digital de los profesionales. Dado el uso extendido de dispositivos móviles y plataformas digitales en el trabajo, se defiende que el convenio debe proteger el derecho de los farmacéuticos a desconectarse fuera de horas laborales.
Otro ámbito que entró a la negociación fue la
inclusión de protocolos LGTBI+, orientados a garantizar entornos seguros, prevenir el acoso y reconocer la diversidad. Si bien
la propuesta no ha sido profundamente debatida ni aceptada en su totalidad por la patronal (que ha expresado reservas ante su aplicabilidad en farmacias pequeñas), ambas partes acordaron retomarla tras el verano.
Ya en septiembre, fuentes sindicales manifestaban a este medio que
la próxima reunión (prevista para octubre) marcaría el inicio de una "nueva fase" en la mesa negociadora,
siempre que FEFE clarifique su postura sobre los asuntos pendientes.
Obstáculos y condicionantes políticos
Uno de los rasgos más llamativos de esta negociación es el
condicionamiento mutuo entre el convenio y la ley de reducción de jornada. Mientras el proyecto de ley no avance o sufra enmiendas, parte de las propuestas del acuerdo quedan en suspenso. Además, la posición de partidos parlamentarios como Junts (que ha planteado enmiendas a la totalidad) añade incertidumbre sobre el devenir legislativo.
La negociación ha evidenciado que no sólo se trata de ajustar cifras salariales o tiempos de descanso, sino de
reinterpretar el modelo de empleo farmacéutico en la era digital, con nuevas exigencias de conciliación, derechos frente al acoso y adaptación a un entorno legal cambiante.
El XXVI Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia, todavía en negociaciones, está llamada a ser
una herramienta valiosa para fortalecer la profesión, adaptarla al siglo XXI y dar respuesta a derechos urgentes. La próxima fase negociadora puede ser determinante para avanzar o para prolongar el estancamiento.
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