El sindicato inicia una campaña de reivindicación para exigir al Gobierno que asuma este compromiso

Los enfermeros exigen triplicar la subida de sueldo propuesta por Hacienda
Manuel Cascos, presidente de Satse.


18 sept. 2017 18:20H
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POR REDACCIÓN
El Sindicato de Enfermería (Satse) ha iniciado una campaña reivindicativa y de movilización en la que exige al Gobierno que apruebe un aumento superior al seis por ciento de los salarios de los profesionales para 2018, y que permita a las comunidades autónomas que los trabajadores del sector público vuelvan a trabajar 35 horas a la semana. De asumirse, sería una subida tres veces superior al objetivo del dos por ciento que se marca el Gobierno en la negociación con sindicatos. 

Ante la inminente aprobación del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, Satse ha lanzado una nueva campaña que incluirá la distribución de cartelería en centros sanitarios de todos el país, además de otras acciones de comunicación en medios y redes sociales, que se suma a las que la organización viene realizando en los últimos años. De no producirse avances, Satse tiene previsto iniciar movilizaciones, aunque no precisa de qué tipo.

La organización sindical reclama que, una vez superada la crisis, como se asegura desde el propio Gobierno, "los empleados públicos deben recuperar todos los derechos laborales perdidos". Por ello, considera que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 deben ya contemplar acciones concretas para mejorar las condiciones de un colectivo profesional seriamente perjudicado en los últimos años.

Satse defiende un incremento salarial para el próximo año superior al seis por ciento para que los profesionales de Enfermería y Fisioterapia puedan recuperar parte del poder adquisitivo perdido a causa  del "tijeretazo salarial" efectuado en junio de 2010.

En este sentido, la organización sindical reitera que, en primer lugar, se debe recuperar el nivel retributivo previo a los recortes y, a partir de ahí, se tiene que negociar la actualización salarial de próximos años y si ésta se tiene que vincular o no a alguna variable macroeconómica, como el Producto Interior Bruto.

35 horas

Asimismo, Satse demanda al Ejecutivo de Rajoy que "levante el veto" impuesto a las comunidades autónomas, en 2012, a través del Real Decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el fin de que éstas puedan establecer la vuelta a la jornada laboral semanal de 35 horas con plena seguridad jurídica, para lo cual el Sindicato enfermero presionará en los diferentes órganos y mesas de negociación de las autonomías.

En este sentido, subraya que es necesario que se vuelva a las 35 horas con carácter inmediato en las autonomías que las habían aprobado y que el Tribunal Constitucional anuló, tales como Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y País Vasco. Al mismo tiempo, ha de abrirse con agilidad un proceso de negociación en las mesas sectoriales de Sanidad de las distintas comunidades no referidas anteriormente con el objetivo de que el 1 de enero de 2018 todos los profesionales de Enfermería y Fisioterapia, así como el conjunto de trabajadores de los centros sanitarios del Estado, tengan una jornada laboral de 35 horas.

"La vuelta a las 35 horas es un motor de generación de empleo que, sin lugar a dudas, conlleva una mejora asistencial", subrayan desde Satse, recordando que el sector sanitario de nuestro país se ha visto muy afectado por los recortes de personal. En el caso de los profesionales de Enfermería, han sido más de 20.000 los puestos de trabajo perdidos en los últimos años, y ello, sin duda, ha supuesto un debilitamiento del Sistema Nacional de Salud.

Por ello, Satse recalca que el Gobierno tampoco debe olvidar la necesidad de eliminar el límite actual existente en la tasa de reposición de personal en la sanidad pública, y permitir así la generación de empleo que garantice los recursos profesionales necesarios para la atención sanitaria y de cuidados a los pacientes.

La destrucción de empleo en Enfermería conlleva que ciudadanos y pacientes no cuenten con los profesionales necesarios para recibir una atención en óptimas condiciones de calidad y seguridad. Igualmente, "ha supuesto un deterioro progresivo de nuestro Sistema Sanitario que pone en grave riesgo su sostenibilidad futura", concluye.
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