Enfermería ofrece ayuda jurídica a las expedientadas en el Clínico

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha salido en defensa de los dos profesionales del Hospital Clínico de Valencia que se negaron a manipular medicamentos biopeligrosos y les ofrece apoyo jurídico, además de anunciar una investigación a nivel nacional para conocer si se están produciendo casos similares en otros hospitales. Estas dos enfermeras del Clínico (entre ellas, una embarazada) actuaron así al considerar que no disponían de la formación, ni de las medidas de seguridad necesarias.
 
En primer lugar, el CGE, “como autoridad órgano regulador y máximo representante de los más de 280.000 enfermeros que trabajan en nuestro país”, avisa de acciones legales. Según señala el órgano colegial en un comunicado, si se demuestra que el Clínico ha incumplido la legislación en materia de medicamentos peligrosos, “se darán instrucciones precisas a los servicios jurídicos para que se ejerzan todas las acciones legales posibles, incluyendo la vía penal si procede”.
 
Además, el órgano colegial va a proponer al sindicato de Enfermería Satse la creación conjunta, a través de la Mesa de la Profesión, de un Comité Multidisciplinar de Investigación compuesto por profesionales sanitarios expertos en medicamentos peligrosos y riesgo biológico, y juristas de reconocido prestigio. Esta comisión estaría encuadrada dentro del Observatorio de Riesgos Biológicos que tienen creado de forma conjunta ambas entidades profesionales. “El objetivo es realizar una investigación exhaustiva de este caso y facilitar a nuestros compañeros todo el apoyo jurídico y psicológico que sea necesario”, explica el CGE.
 
A juicio del consejo de enfermería, el caso de Valencia tiene varios indicios para hacer que salten todas las alarmas. “Estamos ante una situación de máxima gravedad con repercusiones en todo el Estado y  que podría estar afectando a muchos más centros. Es por ello que, este comité de expertos analizará también la situación en toda España y denunciará ante la Fiscalía todos aquellos casos donde los hospitales no estén cumpliendo la normativa vigente en materia de seguridad.
 
“Desviar la atención”
 
Volviendo al caso del Clínico, el Consejo cree que la Generalitat Valenciana “está intentando desviar la atención pública centrando el debate en el hecho circunstancial de si la enfermera expedientada había comunicado o no su embarazo al centro de trabajo”, cuando los profesionales expedientados se negaron al manejo del medicamento por su falta de formación específica y la ausencia de medidas de seguridad. “El embarazo de esta enfermera expedientada sería una circunstancia agravante más a tener en cuenta en la investigación”, pero no la razón principal, según explican.
 
Para el Consejo “resulta del todo inadmisible haber tenido que poner a estos profesionales sanitarios en la tesitura de tener que decidir entre administrar el tratamiento del paciente y poner en riesgo su propia seguridad, o privar al ciudadano de sus necesidades terapéuticas”. El órgano señala que estos profesionales de la enfermería están amparados por la ley. En concreto, por los artículos 14 y 16 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
 
El medicamento en cuestión, micofelinato de mofetilo, es considerado un medicamento peligroso y clasificado como carcinógeno, mutágeno, genotóxico y/o reprotóxico. En el caso de las mujeres embarazadas aumenta el riesgo de aborto y el riesgo de malformaciones congénitas. El CGE recuerda que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo establece que este medicamento debe ser preparado en una cabina de seguridad biológica (CSB IIb) con doble guante, bata y mascarilla, entre otras medidas.

Satse pide el archivo

Por su parte, el sindicato Satse va a solicitar a la Consejería de Sanidad que se archive de inmediato el expediente a ambos profesionales, y, en la misma línea que el Consejo, anuncia que ”defenderá a toda aquella enfermera que, en cumplimiento de la normativa vigente sobre seguridad del paciente y la protección de la salud, se vea coaccionada y amenazada con la aplicación de sanciones administrativas”. 
 
Satse considera que la Administración, “en vez de respetar e implementar sus propios procedimientos de seguridad, trata de ocultar sus carencias amenazando con expedientes disciplinarios a sus trabajadores”. El sindicato advierte que "denunciará la falta de zonas seguras y sistemas seguros para la preparación de estos medicamentos fuera de las Unidades de Farmacia hospitalaria".