La jubilación anticipada en sanidad por coeficientes mira a 2 mejoras extra

El Real Decreto 402/2025, en vigor desde el pasado mes de mayo, ha reformado el procedimiento para reconocer el carácter penoso, peligroso o insalubre de determinadas actividades profesionales a partir de criterios objetivos. La norma introduce, además, mecanismos de revisión de los coeficientes reductores ya existentes, que podrán modificarse si desaparecen o se atenúan las causas que los justificaron, y fija una evaluación periódica cada diez años para garantizar su adecuación a la realidad laboral y sanitaria. En el caso de los profesionales sanitarios, el nuevo marco exige que organizaciones empresariales y sindicales soliciten el reconocimiento ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. No obstante, el grupo parlamentario Sumar, a través de una Proposición No de Ley (PNL), cuestiona estos cambios y plantea la aplicación del silencio administrativo, una medida que podría beneficiar a los trabajadores del sector de la salud.

Modificación de la norma que regula los coeficientes reductores

En este contexto, el Grupo Parlamentario Sumar ha registrado una propuesta para modificar de forma urgente el Real Decreto 402/2025 con el objetivo de evitar que los trabajadores de profesiones penosas, peligrosas o insalubres se vean perjudicados por procedimientos administrativos complejos y plazos excesivamente largos. La iniciativa busca corregir varios aspectos de la norma aprobada por el Gobierno que, a juicio de la formación, pueden generar situaciones de desprotección y desigualdad entre colectivos.

La propuesta se articula en torno a tres ejes principales. El primero plantea una revisión inmediata de los coeficientes reductores ya reconocidos. En concreto, el grupo propone eliminar la prohibición de modificarlos hasta el año 2035, al considerar “irrazonable” que determinados colectivos deban esperar una década para mejorar unas condiciones que pueden haber quedado desfasadas. Según Sumar, esta limitación puede provocar agravios comparativos, al permitir que nuevas profesiones accedan a coeficientes más favorables que otros ya reconocidos. 

El segundo eje se centra en el régimen de silencio administrativo. Sumar propone introducir el silencio positivo en la concesión de coeficientes reductores, de manera que, si la Administración no responde en plazo, la solicitud se considere aprobada. La formación defiende que el actual silencio negativo deja al trabajador en una situación de indefensión y no incentiva a la Seguridad Social a resolver los expedientes de forma expresa.

Por último, la iniciativa plantea reducir de cuatro años a uno el plazo para volver a presentar una solicitud tras una desestimación. Para Sumar, obligar a los trabajadores a esperar cuatro años resulta lesivo para su salud, especialmente en actividades con riesgos tóxicos o peligrosos, y dificulta la corrección de errores o la aportación de nuevas pruebas en un tiempo razonable.

Las demandas sindicales sobre la jubilación anticipada en sanidad

Por su parte, los sindicatos del ámbito de la negociación sanitaria reclaman abrir un diálogo más amplio con el Ministerio de Sanidad y otros departamentos del Gobierno para avanzar en la jubilación anticipada del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). Las organizaciones defienden que su propuesta no invade competencias de la Seguridad Social, como sostiene Sanidad, sino que plantea que el Estatuto Marco mandate a este ministerio a iniciar el procedimiento correspondiente.

Como ya informó este periódico, Satse propone la elaboración de un informe conjunto que acredite la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las distintas categorías profesionales, mientras que CSIF considera innecesario retrasar el proceso con nuevos estudios, al existir ya informes previos que avalan la medida. Desde CCOO subrayan que la negociación debe implicar también a Seguridad Social, Función Pública y Hacienda, y lamentan la falta de respuesta a las peticiones de reunión cursadas meses atrás. De hecho, fue en el mes de octubre cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió a trámite la demanda interpuesta por la Federación de Servicios Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reclamar la jubilación anticipada a los 60 años por coeficientes reductores del personal sanitario, de residencias y de actividades de servicios sociales.

UGT insiste en la elevada carga física y psicológica del trabajo sanitario, con altos índices de accidentes y enfermedades profesionales, agravados por la falta de personal tras la pandemia. Por su parte, el sindicato médico CESM reclama una jubilación anticipada voluntaria y flexible para los facultativos, entre los 60 y los 70 años, sin penalización económica.

Los coeficientes reductores, ejes del conflicto en el Estatuto Marco

La negociación para la aprobación de un nuevo Estatuto Marco de Sanidad continúa abierta, con varios frentes aún sin cerrar. La jornada laboral, el acceso a la jubilación parcial y anticipada y el reconocimiento retributivo ligado al nuevo modelo de clasificación profesional siguen siendo cuestiones clave del debate. Para la Confederación Intersindical Galega (CIG), estos desacuerdos explican la ruptura con la mayoría de los sindicatos presentes en la mesa.

El representante de la CIG en la negociación, Manuel G. Moreira, sostiene que el borrador actual no garantiza el derecho del personal con una larga trayectoria en el sistema sanitario a jubilarse antes de la edad legal sin sufrir penalizaciones. Según denuncia, el texto se limita a contemplar la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores y vuelve a supeditar su aplicación a futuros acuerdos y a la elaboración de informes preceptivos.