21 nov 2018 | Actualizado: 19:20

Prisión para una farmacéutica por falsificar 440 recetas

Deberá indemnizar al Gobierno aragonés por los más de 22.000 euros que cobró fraudulentamente

Imagen distribuida por la Guardia Civil tras la operación en la que se detuvo a la farmacéutica de Palomar del Arroyo.
Prisión para una farmacéutica por falsificar 440 recetas
mié 04 octubre 2017. 16.00H
Redacción
La farmacéutica de un pequeño pueblo de Teruel ha sido condenada a 20 meses de prisión por estafar reiteradamente a la Sanidad pública aragonesa mediante la falsificación de recetas. Amparo A., boticaria de Palomar del Arroyo, deberá pagar una multa de 3.600 euros e indemnizar al Gobierno aragonés con 22.090 euros por el dinero que le cobró mediante la expedición de unas 440 recetas falsas.
 

La Justicia comenzó a investigar a esta farmacéutica en 2014, a raíz de la denuncia de un jubilado que detectó anomalías en sus recetas. Aquello hizo sospechar a la Guardia Civil que había una red más extensa, a nivel nacional, de fraudes con medicamentos. Una vez avanzadas las investigaciones, resultó que solo había pruebas claras contra una de las farmacias, la regentada por Armiñana.
 
En su caso incurrieron evidencias de falsedad documental y estafa a la Administración pública. El juicio estaba señalado para esta semana, pero no ha hecho falta celebrar vista oral porque la acusada ha confesado, ha reconocido los hechos que le imputaban y eso le ha permitido pactar una condena con el Gobierno aragonés y con la Fiscalía.
 
Gracias a ello, la boticaria evitará una condena de cárcel, al haberse acordado una pena de 20 meses y no tener antecedentes previos. Sin embargo, la farmacéutica si ha estado en prisión provisional durante un tiempo, mientras tenían lugar las investigaciones. La farmacéutica ha aceptado haber falsificado 190 recetas electrónicas y otras 247 recetas en papel.
 
El modus operandi de la condenada consistía en emitir recetas falsas que enviaba a la Consejería de Sanidad del Gobierno aragonés para que se las abonaran, como si realmente hubiera expedido esos medicamentos a particulares por prescripción facultativa. Cobraba esas recetas y, además, eso le permitía “blanquear” la puesta en circulación de medicamentos que vendía de forma fraudulenta.
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