Obligan a cerrar un ambulatorio tras amenazar a una médica y una enfermera

Los agresores comenzaron a empujar e increpar a las profesionales por tener que esperar 15 minutos

Una concentración en repulsa de las agresiones a sanitarios.
Obligan a cerrar un ambulatorio tras amenazar a una médica y una enfermera
lun 30 septiembre 2019. 10.50H
El sindicato de enfermería Satse ha denunciado la agresión que han sufrido este sábado dos profesionales durante una guardia en el Centro de Salud de Alcalá del Río (Sevilla).

Una enfermera y una médica han sido "víctimas de empujones, insultos y amenazas por parte de una pareja de usuarios, viéndose obligadas a encerrarse en el interior de una consulta", según el Satse. Dicen que pasaron verdadero terror ante la reacción de varias personas "ante el retraso de 15 minutos en la atención para una cura programada, retraso generalizado porque el equipo había tenido que salir a atender una urgencias".

Finalmente, lograron salir para acudir al Hospital Virgen Macarena e interponer la correspondiente denuncia. "Esta circunstancia obligó al cierre del centro de salud durante la jornada del sábado, dejando sin atención urgente a más de 12.000 vecinos de Alcalá ante la imposibilidad de sustituir a los profesionales", ha lamentado Satse

Como respuesta a "este último episodio de violencia" contra profesionales sanitarios, el sindicato de enfermería y el sindicato médico de Sevilla han convocado para este lunes, 30 de septiembre, una concentración de 15 minutos en el centro de salud de Alcalá del Río a las 12,00 horas.

En esta concentración van a reclamar "la adopción de medidas efectivas por parte de las Administraciones" así como "el apoyo de la ciudadanía a los profesionales por cuya salud trabajan a diario".

Por último, Satse ha lamentado que después de la puesta en marcha de distintas campañas contra las agresiones al personal sanitario, "estos hechos se siguen repitiendo" y ha recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial "viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos".
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