13 nov 2018 | Actualizado: 17:00
Profesionales sanitarios / Derecho Sanitario

Los gerentes no prevén una "oleada de reclamaciones" de interinos

Sedisa cree que "probablemente" no habrá un movimiento judicial masivo tras las últimas sentencias del TJUE

Joaquín Estévez, presidente de Sedisa.
Los gerentes no prevén una "oleada de reclamaciones" de interinos
jue 22 septiembre 2016. 11.30H
Marcos Domínguez
Las reacciones al ‘terremoto’ provocado por las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se siguen sucediendo. No es para menos, ya que afecta a la condición laboral de miles de sanitarios que trabajan bajo el paraguas de la eventualidad: hay nada menos que 170.000 profesionales con estas condiciones, según estima el sindicato UGT.

Sin embargo, los gestores de los hospitales no prevén un movimiento masivo en los juzgados para exigir las reivindicaciones apoyadas por la justicia continental: que la contratación de interinos y temporales no conlleve precariedad laboral.

“Más reclamaciones habrá”, admite el vicepresidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), Modoaldo Garrido, pero “una oleada probablemente no”. El mayor problema para los gestores no es este, sin embargo, sino “la duda que abre en los trabajadores con un contrato temporal de si finalizado el contrato podría ser susceptible de tener la indemnización que fija la sentencia” en lugar de la establecida en el Estatuto de los Trabajadores.

La cuestión es si los tribunales van a aplicar la sentencia de forma extensiva a todos los contratos interinos que se reclamen o solo a un grupo de ellos, pues la decisión del TJUE da lugar a interpretaciones.

“Y ello afecta a la gestión, pues se genera una incertidumbre”, explica Garrido a Redacción Médica, “ya que en tanto haya una jurisprudencia consolidada o un cambio normativo para acoger el espíritu de esta sentencia, no quedan claras todas las consecuencias que este tipo de contratación puede tener”.

Abogan por un rápido cambio normativo

Esta incertidumbre se explica tanto desde la perspectiva de “reconocer al trabajador los derechos que le puedan corresponder”, es decir, qué indemnización se le debe abonar al finalizar el contrato, o incluso si hay que abonarla, como desde la perspectiva de los presupuestos de los centros, pues hay que calcular el coste real de las contrataciones.

En vista de que el principal problema generado es la incertidumbre, los directivos de la salud se alinean con los sindicatos al considerar que lo mejor es que “a la mayor brevedad posible se realicen y aprueben las modificaciones normativas” que incluyan el espíritu de las últimas sentencias del TJUE, “pues de no ser así nos veríamos abocados a una peregrinación judicial hasta que los tribunales con su jurisprudencia consoliden la interpretación que debe hacerse”. Y este camino, considera Garrido, “es más lento y obviamente afecta a la eficiencia”.
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