Lo que la Ley General de Sanidad ya no puede hacer

Autor: Julio Mayol, catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y director del del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC)

Lo que la Ley General de Sanidad ya no puede hacer

La Ley General de Sanidad de 1986 ocupa un lugar central en la historia del sistema sanitario español. No solo ordenó un panorama fragmentado y desigual, sino que consolidó el derecho a la protección de la salud y dio soporte jurídico a un modelo público con vocación universal. En su momento, su papel fue decisivo. España necesitaba cohesión, cobertura y estructura para pasar de un rompecabezas institucional incompleto a un sistema reconocible, capaz de extender prestaciones y organizar una red asistencial en todo el territorio. Desde esa perspectiva, su valor histórico y político es incuestionable.

El problema actual no está en discutir esa importancia fundacional, sino en reconocer que fue concebida para una realidad sanitaria distinta de la actual. En los años ochenta, el reto era construir el sistema. Hoy el desafío es transformarlo. Entonces se trataba de ordenar estructuras, a la vez que se delimitaban competencias y se intentaba asegurar la equidad de acceso. Ahora, además, hay que gestionar complejidad, integrando cuidados, a la vez que se personalizan respuestas y se trabaja para sostener el sistema ante cambios demográficos, sociales y tecnológicos profundos.

Por eso, el principal límite de la ley no es su antigüedad, sino su insuficiencia funcional ante un cambio social y demográfico radical. Durante mucho tiempo, el sistema se articuló en torno a una enfermedad aguda, episódica y relativamente lineal. Hoy predominan trayectorias largas y superpuestas que obligan a combinar prevención, seguimiento, autocuidado, apoyo social, atención domiciliaria y coordinación clínica sostenida. Además, la Ley General de Sanidad responde a una racionalidad orientada a la oferta y no al valor. Define marcos, niveles y dispositivos, pero no ofrece respuestas a preguntas hoy decisivas en relación con resultados que importan a los pacientes y a la sociedad, o a cómo se incorporan los datos, la inteligencia artificial y la telemonitorización sin ampliar brechas.

Llegados a este punto, no se trata de impugnar el legado de 1986, sino de reconocer sus límites a pesar de los parches legislativos. La Ley General de Sanidad fue la ley adecuada para construir el sistema. Ya no es suficiente para permitir y facilitar su transformación.