Frente común para penar con cárcel los insultos a médicos y enfermeros

El 86 por ciento de las 419 agresiones a médicos que publicó en 2019 el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), fueron insultos o amenazas a los profesionales sanitarios. Un atentado contra la autoridad del profesional que, en un 51 por ciento se traduce en amenazas y un 35 por ciento en insultos. 

Algo que quieren parar los profesionales sanitarios puesto que consideran que los ataques de origen verbal deben ser catalogados como "delito leve de atentado dentro del Código Penal". Los primeros en manifestarse en contra de que actualmente no sea así fueron los médicos andaluces (avalados por la OMC) como adelantó Redacción Médica; y ahora se suman los enfermeros. El Sindicato de Enfermería (Satse) se ha mostrado “firme partidario” de que las agresiones verbales (amenazas, insultos, vejaciones…) sean consideradas también como un delito con la consiguiente pena.

Lo necesario para que estos insultos se penaran, incluso con la carcel, pasa por modificar la reforma del Código Penal de 2015. En ella, se estableció una modificación por la cual las actitudes de insultos, vejaciones y amenazas leves contra el personal sanitario dejaron de catalogarse como delito leve de atentado y, ahora habría que volver a modificar ese apartado.

Desde la Organización Médica Colegial ya se sumaron a la petición de los médicos andaluces y reclamaron que “las amenazas, insultos e intimidaciones sean considerados agresión y por tanto, delitos contra la autoridad”. Una petición a la que se une Satse aunque sin atreverse a cuantificar los años de las penas por tipo de delito puesto que compete a Justicia.

Aunque en estos momentos las partes no quieran aventurarse a hacer cálculos de cuál debería ser la pena, desde Satse recuerdan que quién agreda físicamente a las enfermeras,  enfermeros y fisioterapeutas se enfrenta a una condena de entre uno y cuatro años de prisión.

Una ley contra las agresiones en la pública y la privada 

Además, Satse va más allá y pide que los enfermeros y fisioterapeutas que trabajan en la sanidad privada deberían ser considerados autoridad pública; una reclamación del sector muy repetida, sobre todo en jornadas como las de hoy.

De otro lado, hay que recordar que el Sindicato de Enfermería ha puesto en marcha una normativa que regule a nivel estatal las actuaciones necesarias (prevención, sensibilización, información, apoyo…) para proteger a todos los profesionales sanitarios y acabar con las agresiones, unificando las actuaciones del conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Su propuesta de norma  contempla un conjunto de más de 50 medidas y acciones concretas para luchar contra la violencia en el ámbito sanitario. “En los próximos días -adelantan-, se trasladará esta propuesta al ministro de Sanidad, Salvador Illa, con el objetivo de que la haga suya e impulse su aprobación”.

Condición de autoridad

De otro lado, el servicio jurídico de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) traslada a este medio que "un insulto a un médico ya es un delito". Es decir, "puede considerarse como una agresión a un profesional sanitario porque éste tiene la condición de autoridad", detallan.

Como es autoridad, añaden, "si recibe insultos y está tipificado en el Código Penal, puede presentar una denuncia en cualquier momento". Las consecuencias, sin embargo, pueden derivar en la única imposición de multa. "Pero ya es algo denunciable y se considera agresión", sentencian.