“Hay que homogeneizar los Comités de Ética en Investigación Clínica para ser más competitivos”

Ricardo Martínez Platel / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El Informe “Ética, Bioética e Innovación”, realizado por las Cátedras en Red,  con el patrocinio de Janssen, ha puesto de manifiesto que las normativas por las que se rige la investigación con seres humano y las competencias y obligaciones de los Comités de Ética cuentan con vacíos legales y contradicciones.

De izquierda a derecha: Antonio García, profesor del Departamento de Farmacología y Pediatría de la Universidad de Málaga;Jesús Honorato, catedrático de Farmacología de la Universidad de Navarra; Ramón Frexes, director de Relaciones Institucionales de Janssen; y  Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha explicado que “el resultado es que las recomendaciones y directrices de los distintos comités nacionales o internacionales, si bien básicamente amparadas en las cuatro principios fundamentales de la Bioética (beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia), resultan heterogéneas y poco clarificadoras”. Por esta razón, Gil ha señalado la necesidad de “homogeneizar el trabajo de los comités, porque a veces existe una gran disparidad, ya no solo en el trabajo y en los procedimientos, sino también en lo que se refiere a los formularios o peticiones que se hacen a los investigadores”. Por tanto, de lo que se trata es de “ser ágiles para ser más competitivos, porque existe una lentitud que de alguna manera no sitúa a España en buenas posiciones”.

En la actualidad, hay acreditados más de 130 Comités de Ética en Investigación Clínica (CEIC) en España, con ámbitos de actuación muy diversos y una actividad variable. Tras un análisis exhaustivo del número y funcionamiento de estos CEICs, se determina que ha llegado el momento de considerar el cambio del modelo actual de estos comités. Entre los argumentos que apoyan esta opción, se destaca la ineficiencia del sistema actual, la necesidad de incorporar nuevos perfiles profesionales para una adecuada evaluación y la sobrecarga de trabajo que supone la aplicación de la Ley de Investigación Biomédica.

Por su parte, Antonio García, profesor del Departamento de Farmacología y Pediatría de la Universidad de Málaga  ha comentado que “el principio bioético de Justicia tiene en economía de la salud una doble vertiente: equidad al acceso de los servicios sanitarios y la obligación de contención de gasto”. El experto se ha mostrado partidario de “desinvertir en lo que se ha quedado obsoleto y apostar por aquello que resulte más eficiente”. Además, ha subrayado que “algunas comunidades autónomas tienen una cartera de servicios más amplia que Inglaterra”, por lo que considera que “hay que racionalizar las decisiones clínicas, buscando mejorar las dimensiones de efectividad, eficiencia, calidad y satisfacción de los pacientes”.

Por último, Jesús Honorato, catedrático de Farmacología de la Universidad de Navarra, ha destacado que los sujetos participantes en investigaciones genéticas con muestras humanas identificables tienen derecho a recibir la información sobre los resultados obtenidos con sus datos genéticos y muestras biológicas, mientras que los investigadores necesitan unas recomendaciones claras y concretas que establezcan cuándo hay que informar a los sujetos sobre los resultados de las investigaciones, cómo debe ser la información y quién debe procurarla.