El Gobierno recurre las retribuciones de gerentes sanitarios en Canarias

Junto al Anteproyecto de Ley de Medidas contra la Violencia Vicaria, el sector sanitario ha vuelto a copar el protagonismo del Consejo de Ministros de esta semana. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en rueda de prensa la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. El Gobierno ha llevado al Alto Tribunal una medida que permite a los gerentes del Servicio Canario de la Salud mantener sus retribuciones previas, procedan del sector público o privado, ya trabajen por cuenta ajena o propia.

Recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Presupuestos de Canarias

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al presidente del Gobierno a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de Canarias del año 2025. Según explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, una vez se aprobaron las cuentas, se activó el mecanismo previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, debido a discrepancias entre el Gobierno central y el ejecutivo autonómico. “A pesar de que se han alcanzado numerosos acuerdos en torno a esa ley, hasta el punto de firmarse un acuerdo parcial entre ambos ejecutivos, hay dos cuestiones en las que no ha sido posible llegar a un entendimiento. Por ello, se solicitó un dictamen al Consejo de Estado”, ha explicado Torres.

Así, la primera de estas discrepancias tiene que ver con la disposición final cuarta, que establece que cualquier persona que acceda al puesto de gerente del Servicio Canario de la Salud, en el ámbito sanitario, puede mantener sus retribuciones previas, ya provengan del sector público o privado, y haya trabajado por cuenta ajena o por cuenta propia.

“Esta medida incumpliría la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 y el incremento salarial del 2,5 por ciento previsto, además de contravenir la normativa básica estatal. En consecuencia, y siguiendo el criterio del Consejo de Estado, esta cuestión ha sido elevada al Tribunal Constitucional”, ha sentenciado.

Por otra parte, se encuentra la disposición final octava, relacionada con las concesiones de puertos deportivos. En ella, se rebaja el porcentaje mínimo de inversión exigido al 20 por ciento y se amplía el plazo de ejecución de seis meses , como establece la normativa estatal, a un periodo de hasta seis años. “Ante la falta de acuerdo en estos dos puntos, el recurso ha sido formalmente elevado al Tribunal Constitucional, que será el encargado de resolver la controversia”, ha concluido.

Cuánto tardará el Tribunal Constitucional en pronunciarse

No existe un plazo fijo para que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado contra los Presupuestos de Canarias de 2025. El proceso puede alargarse varios meses, e incluso más de un año. No obstante, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) sí establece una serie de fases que marcan el procedimiento. En primer lugar, el recurso debe ser presentado formalmente por el presidente del Gobierno en el plazo de tres meses desde la publicación de la norma impugnada.

Una vez recibido, el Tribunal debe decidir si lo admite a trámite. Si lo hace, se abre oficialmente el proceso y se comunica a las instituciones implicadas: Congreso, Senado, Gobierno y, en este caso, al Parlamento y al Ejecutivo de Canarias. A partir de ahí, estas partes disponen de un plazo para personarse en el procedimiento y presentar sus alegaciones. Tras recibir y estudiar todos los escritos, el Tribunal inicia la fase de deliberación. Por último, el cierre del proceso llegará con la sentencia, que determinará si los artículos impugnados vulneran o no la Constitución.