Fiel a su cita, el XXV Congreso Nacional de Derecho Sanitario repasa los principales pronunciamientos del último año

 Estas son las novedades jurisprudenciales en el Derecho Sanitario de 2018
Alfonso Atela Bilbao; Hernández Corchete; Tolosa Tribiño; Xiol Ríos; y Cháves García.


19 oct. 2018 18:20H
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POR JESÚS ARROYO
Año tras año, y ya van 25, la mesa de novedades jurisprudenciales, que recoge las principales sentencias del año judicial, es la única que siempre se ha celebrado en el marco del Congreso Nacional de Derecho Sanitario. Como cada edición, esta edición ha vuelto a contar con cuatro juristas de primera línea que han repasado los principales pronunciamientos de los tribunales de justicia. 

El último y más sonado hace referencia a la decisión del Tribunal Supremo de declarar nulo el cese de interinos al considerar abusiva la utilización continuada de contratos de duración determinada.

José Ramón Cháves García, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha explicado que “este tribunal lo que ha hecho es poner orden y corregir la jurisprudencia que había brotado de aquel personal temporal que estaba en curso en un determinado abuso de contratación. Ahora, este personal al ser considerado como estatutario y al participar en las condiciones de personal funcionario no procede aplicarle el derecho laboral de forma colectiva, sino que se hará caso a caso el determinar los daños”.

A la vista de la decisión del Supremo, opina Cháves, “los legisladores sanitarios deben regular directamente lo que sucede en los supuestos del personal estatutario contratados en condiciones abusivas o dotar de herramientas eficientes a los gerentes para que afronten esta situación”.

Universalidad sí, pero por el Estado


Durante este último año, el Constitucional se ha venido pronunciando contra las diferentes leyes autonómicas que ampliaban la cobertura sanitaria. El Tribunal Constitucional siempre ha sentenciado que esas medidas son inconstitucionales. 

Juan Antonio Xiol Ríos, magistrado del Tribunal Constitucional. 

Juan Antonio Xiol Ríos, magistrado del Tribunal Constitucional, ha explicado una a una cada sentencia referida a este punto y zanjando que “la sanidad es universal pero solo si la establece así el Estado”.

Además, Xiol Ríos también ha destacado aquellas sentencias que tienen un denominador común referido a “los conflictos entre el Estado y las Autonomías”. “Hay sentencias muy importantes en relaciones con las sociedades de cánnabis, que en algún caso se declaran constitucionales cuando se consideran que pueden interpretarse en el sentido de que se trata de colaboración con la administración sanitaria, y en cambio se declaran inconstitucionales por invadir competencias penales del Estado, cuando se consideran que son asociaciones para el consumo de cánnabis de forma lúdica”, explica el magistrado.

Pronunciamientos del Supremo y Constitucional


Por su parte, César Tolosa Tribiño, magistrado de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, ha llevado al XXV Congreso de Derecho Sanitario las novedades jurisprudenciales de esta sala. Aquí ha destacado la existencia de “muchas sentencias que afectan al estatuto jurídico del personal sanitario y también al propio funcionamiento de la institución sanitaria, e incluso de la institución farmacéutica, en cuestiones que tienen que ver como por ejemplo el tema de la contratación pública y su aplicación en el ámbito sanitario”. 

Por último, Juan Antonio Hernández Corchete, letrado del Tribunal Constitucional, ha explicado “la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de la protección de datos de carácter personal y sobre su aplicabilidad a las nuevas tendencias en materias de derecho sanitario, sobre todo en materia de inteligencia artificial”.

En este sentido, señala Hernández Corchete, “los derechos fundamentales son muy importantes en el nuevo mundo de la inteligencia artificial, por esta razón el Constitucional debe definir la extensión de los derechos fundamentales en este ámbito. La inteligencia artificial beneficiará a los ciudadanos, pero también afectará a sus derechos, concluye. 

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