El objetivo de esta iniciativa es alcanzar un gran Pacto de Estado



07 oct 2015. 17.09H
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Cristina Alcalá / Imagen: Miguel Fernández de Vega.Madrid
El Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas han acordado crear un grupo de trabajo para evaluar los resultados dela aplicación de la Ley de Dependencia, desde su publicación en 2011 a la actualidad, y cuyas conclusiones se presentarán en los próximos meses.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso; la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, y los consejeros autonómicos de Políticas Sociales.


Así lo ha adelantado el titular de este departamento, Alfonso Alonso, tras la celebración del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia de este miércoles. Esta iniciativa llega después de que numerosas autonomías reclamaran, en el seno de la Comisión Delegada, la retirada de un informe de evolución de la ley por parte de Sanidad, al considerar que esta documentación estaría incompleta, ya que “el Estado solo financia el 20 por ciento del sistema, mientras las autonomías sufragan el 80 por ciento”, se han quejado las consejerías de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, entre otras.

El objetivo de este grupo de trabajo es alcanzar un gran Pacto de Estado en Dependencia, a ser posible en la próxima legislatura, tal y como adelantado Alonso en rueda de prensa.

Estrategia de Atención Sociosanitaria

En este encuentro también se ha puesto sobre la mesa las propuestas para culminar el documento base para una integración sociosanitaria. El objetivo es constituir un marco básico de actuación para ofrecer una atención total a quienes requieran asistencia social y sanitaria, tal y como ha asegurado Sanidad.

“No se pretende crear un espacio nuevo, sino que la atención gire en torno a la persona, y como tal, tiene necesidades sanitarias pero también sociales”, ha afirmado Alonso. “Pero, al haber diferentes normativas en esta materia, es necesario integrarlas en una. Es uno de los retos del Sistema Nacional de Salud (SNS) y los servicios sociales”.

El documento es el resultado del trabajo de cinco grupos, uno por cada eje que integra el documento: perfil de las personas usuarias, catálogo de servicios, instrumentos de gestión, requisitos de acreditación de centros, unidades y servicios, y sistemas de información, es decir, una base de datos común.

Es, por tanto, un importante documento estratégico, dado que ocho millones de españoles son mayores de 65 años. Una cifra que va en aumento y que tiene una relación directa con la incidencia de la cronicidad y la necesidad de cuidados de larga duración.

Acreditación a los cuidadores profesionales

Por otro lado, otro de los importantes asuntos que ha aprobado el Territorial este miércoles es el relacionado con el sistema de acreditación en la cualificación de categorías profesionales del sistema de dependencia. Unos certificados que garantizan la profesionalización del sector y la calidad del empleo y que supone una modificación, parcial, del acuerdo alcanzado en el último consejo para su inmediata aplicación. En la actualidad, más del 62 por ciento de las prestaciones reconocidas son ya para estos servicios.

Entre los aspectos más destacados del acuerdo alcanzado entre Sanidad y comunidades, destacan que las características de las titulaciones, cualificaciones y perfiles de los cuidadores profesionales. En concreto, especifica que deben tener una titulación superior para directores de centros; cualificación en materia de a tención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, así como en el domicilio.

Para las categorías profesionales que no se correspondan con titulaciones universitarias, el acuerdo indica que se fijarán los perfiles profesionales más acordes con las funciones que deban realizar y que estén basados en la cualificación, acreditada a través de los diferentes títulos formativos, certificados de profesionalidad o equivalentes.

Este consenso contempla, además, una habilitación excepcional para los mayores de 65 años, en las categorías profesionales de cuidador, auxiliar en ayuda al domicilio o asistente personal y que cuenten con una experiencia de, al menos, tres años.

En cuanto al calendario, los requisitos serán exigibles hasta finales de 2017 y, en todo caso, cuando finalicen los procesos de acreditación de la experiencia laboral que se hayan iniciado hasta la fecha.

La falta de acreditación no tendrá efectos sobre los trabajadores que estén participando en estos procesos o en un programa formativo que le habilite, ni sobre las empresas o entidades prestadoras de atención.

Moratoria para las competencias consistoriales

El ministro de Sanidad también ha acogido las quejas de las autonomías, que piden una moratoria de hasta dos años que puedan asumir la financiación para la atención de servicios sociales que realizan sus ayuntamientos.
La ley de 2013 establece que estos servicios se tienen que prestar correctamente a partir del 1 de enero de 2016, pero las consejerías ven inasumible realizarlo, especialmente por la falta de presupuesto. Por ello, han hablado con Alonso para que traslade la queja al Ministerio de Hacienda, el competente para hacerlo.

Alfonso Alonso, Susana Camarero, Salomé Adroher, directora general de Familia e Infancia; y César Antón, director general del Imserso.


De izquierda a derecha: María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía; Salomé Adroher; Pilar Valera, consejera de Servicios y Derechos Sociales de Asturias; Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia de Cataluña; y Violante Tomás, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Murcia, charlan antes del Territorial de Dependencia.


A la izquierda, César Antón saluda a José María Vergeles, consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura. A la derecha, Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, junto a Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha.


De izquierda a derecha: Fina Santiago, consejera de Servicios Sociales de Baleares; Mónica Oltra, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana; y María Luisa Leal, consejera de Sanidad de Cantabria.


A la izquierda, Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. A la derecha, Francisco de Asís Babín, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; y Rosa Urbón, directora general del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Sanidad.


A la izquierda, Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, con Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales de La Rioja. A la derecha, Ignacio Tremiño, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad.


Pilar Valera, Neus Munté y Violante Tomás, consejeras de Asturias, Cataluña y Murcia, respectivamente.


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