La refundición de la legislación sobre discapacidad es la “oportunidad” de mejorar la situación legal del colectivo

Enrique Pita, Redacción. Madrid
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, siguiendo un mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ha iniciado la tramitación de la nueva Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que no es sino una refundición de tres leyes anteriores: la 13/1982, de integración social de los minusválidos (Lismi); la 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (Liondau), y la 49/2007, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Ana Sastre.

“Se trata de una oportunidad para dar coherencia al marco legislativo vinculado a las personas con discapacidad”, ha explicado a Redacción Médica Ana Sastre, delegada del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para la Convención de la ONU. “Desde la Lismi ha habido una importante evolución en el modelo de atención a las personas con discapacidad que la Liondau recoge con gran acierto”, señala, y por ello “parecía necesario crear un único texto legislativo inspirado en los principios y criterios del modelo social de atención a las personas con discapacidad que facilite un mejor conocimiento y comprensión de esta materia”.

El término “oportunidad” sale a colación cada vez que se habla de esta necesaria refundición, y es que es precisamente eso, “una oportunidad de crear un texto que actualice algunas de las cuestiones que estaban reguladas en la Lismi desde la perspectiva del nuevo modelo de atención a la discapacidad, desde una perspectiva de derechos humanos que prime la inclusión y la participación en igualdad de oportunidades”.

Por ahora, los trabajos de redacción del proyecto del texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social han durado unos nueve meses. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció que su departamento trabajaba en ello en abril del año pasado, y en una entrevista concedida a Redacción Médica el pasado verano, el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, apostaba por conseguir con este texto “una situación de mayor garantía legal para las personas con discapacidad”.

En este sentido, el Cermi espera “que se aproveche esta oportunidad para crear un cuerpo legal adecuado al nuevo tratado internacional, vigente en España desde 2008, fundamentado los valores y principios que lo inspiran, que son la igualdad, la autonomía y la dignidad de todas las personas con discapacidad”. Así, en opinión de Sastre, “desde el Gobierno se ha hecho un esfuerzo importante para alcanzar un texto coherente que integre las dos normas, y desde el Cermi esperamos que a través de su tramitación parlamentaria se puedan mejorar algunos de estos aspectos para alcanzar un escenario de máximo respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad”.
 

El presidente del Cermi denuncia que España carece de un espacio sociosanitario

Luis Cayo Pérez Bueno.

Por otra parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérec Bueno, ha participado en el curso superior de Atención y Gestión Sociosanitaria organizado por la Fundación Caser para la Dependencia y la Fundación Camuñas, donde ha señalado que el espacio sociosanitario “es hoy una quimera más que una realidad”. “No ha existido un intento firme y serio por establecerlo, pese a muchas declaraciones retóricas de gobernantes de todo signo”.

En su opinión, esta carencia impide “en gran medida” dar respuesta a las necesidades complejas de atención que presentan muchas personas con discapacidad, agravando su vulnerabilidad y su exclusión sociales. La inexistencia de este ámbito sociosanitario “no solo es injusto socialmente, sino que es extremadamente ineficiente desde el punto de vista económico, desaprovechando y despilfarrando recursos siempre escasos, que si hubiera un sistema sociosanitario se optimizarían sustancialmente”.