José Antonio Luengo, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología de España.
Psicología pide tipificar penas para patrones adictivos en redes sociales ante las multas a Meta
Cree que en España también se debería exigir responsabilidad ética y transparencia a las tecnológicas a través de un "marco normativo estatal riguroso"
El coto a las redes sociales en adolescentes gana peso en Estados Unidos. Al control interpuesto en el acceso de este segmento poblacional a dichas aplicaciones se suma una nueva medida de carácter punitiva, dirigida, en este caso, a los dueños de las propias plataformas. En concreto ha sido la justicia de Nuevo México la que ha movido ficha en este sentido, obligando a Meta a modificar las condiciones de uso de Facebook e Instagram por parte de los jóvenes. Además la compañía deberá desembolsar 567 millones de dólares destinados a un fondo de salud mental al ser acusada de perjudicar la salud mental del colectivo con sus productos. Un límite legislativo que los psicólogos ven "perfectamente viable y necesario" en España, siempre que se adapte al marco normativo y sanitario.
Para el vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología de España, José Antonio Luengo, deben "articularse responsabilidades legales y económicas" dado que "la capacidad de adaptación y autorregulación voluntaria de la industria ha demostrado ser fallida durante los últimos 15 años" y a la vista de una evidencia científica que es clara al respecto: determinados diseños algorítmicos priorizan la retención a costa del bienestar socioemocional. Por tanto, bajo su perspectiva, se deben articular medidas no solo disuasorias sino que "exijan a las plataformas reinvertir en la seguridad de sus aplicaciones, la transparencia algorítmica y la reparación del daño a la salud pública", habilitando, desde la vía penal y civil , la imposición de "multas proporcionales y la obligación de asumir indemnizaciones por los perjuicios colectivos generados en la salud de la infancia y la adolescencia".
De la Ley Educativa al Código Penal
En este sentido, Luengo es partidario de avanzar hacia un marco sancionador efectivo que implique "tipificar penalmente la distribución de servicios digitales con patrones adictivos diseñados para menores cuando generen daño a su salud, así como exigir transparencia absoluta sobre el patrocinio que las Big Tech ejercen en eventos, congresos o investigaciones científicas sobre infancia y tecnología". Por tanto, "centrar la acción sobre el diseño y la responsabilidad de las plataformas no solo es adecuado, sino imprescindible desde la perspectiva de la salud pública", defiende. "Exigir responsabilidad ética y transparencia a las tecnológicas debe sustentarse en un marco normativo estatal riguroso que dote de cobertura jurídica, equidad y capacidad sancionadora a las exigencias dirigidas a proteger la salud de los menores". La ley, defiende, "debe estar atenta a los riesgos emergentes como las imágenes explícitas o la suplantación mediante Inteligencia Artificial en entornos de mensajería o redes".
Como ventaja, tanto nuestro país como el resto de Unión Europea contarían "con una arquitectura legal más garantista en derechos de la infancia y protección de datos" en base al Proyecto de Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales. En concreto, el Principio de Precaución hace referencia explícita a este tipo de escenarios, en los que, ante la existencia de riesgos verosímiles de daño grave o irreversible para la salud mental y el desarrollo de la infancia, la falta de una certeza científica absoluta no puede utilizarse como excusa para postergar la adopción de medidas regulatorias y de protección pública, expone. Basándose en dicho precepto, y teniendo en cuenta "la inacción de las empresas", las leyes estatales y europeas "deben actuar", bajo su criterio, tomando como referencia ese impacto en la salud mental de los menores de edad.
En el marco nacional, dicha regulación debería venir articulada tanto en la LOMLOE en el ámbito educativo como en el Código Penal si se quiere sancionar de forma efectiva el "incumplimiento de órdenes de retiro o bloqueo de contenidos nocivos, haciendo responsables legales y económicos a las tecnológicas por el impacto de sus productos" sobre el bienestar de este segmento poblacional. De hecho, el colectivo de psicólogos ya expresó su apoyo a la propuesta enunciada por el Gobierno para limitar el acceso a las redes sociales hasta los 16 años como ya han hecho países como Francia.
Más allá del marco puramente normativo, el experto cree que no se debe empezar la casa por el tejado. En concreto, lograr la eficacia clínica de este tipo de medidas exige obligar a las plataformas a implementar "seguridad desde el diseño", verificaciones de edad reales y entornos seguros. No basta con multas económicas, explica, sino que, de modo vinculante, se debe "garantizar el derecho del menor a un neurodesarrollo adecuado, siguiendo las pautas de uso de las sociedades médicas y regulando el derecho a la desconexión digital".
Demandas a nivel internacional
Para el profesional, miembro de la Plataforma Control Z integrada por psicólogos, pediatras, psiquiatras y neurólogos, el espaldarazo de la justicia estadounidense y la multa multimillonaria es solo el principio. "Este es un proceso que no ha hecho más que empezar. Las estimaciones actuales sobre las demandas que se tramitan en el país en diferentes tribunales (estatales y federales) rondan las 5.700, agrupadas en California dentro del gran litigio sobre la supuesta adicción a redes sociales y aplicaciones y los daños a la salud mental de niños y adolescentes", explica, sin olvidar la "notable expansión de este tipo de demandas hacia otros países, como Canadá, Brasil, Francia, Italia, Países Bajos o Dinamarca".
Aún así, no existen "soluciones mágicas" en lo que denomina el 'salvaje Oeste', donde "las reglas las dicta una industria voraz". Limitar a las empresas, afirma, "es una pata indispensable, pero debe articularse con alfabetización digital y acompañamiento sociofamiliar para evitar respuestas meramente reactivas o punitivas", esgrime. La paulatina eclosión de las redes sociales -cuya velocidad de despliegue habría "sobrepasado los esquemas tradicionales en ambos países"- dejaba un escenario asimétrico, en el que no se tiene en cuenta que la "capacidad de autorregulación del cerebro adolescente se enfrenta a algoritmos diseñados para capturar la atención, fomentando una cultura de comparación, narcisismo y envidia social". Las tecnológicas, critica Luengo, aprovechan y "explotan esta vulnerabilidad" de los adolescentes y la hipersensibilidad del sistema de recompensa dopaminérgico a la validación de los pares "mediante refuerzos intermitentes (como los likes o la infinita cascada de contenidos), secuestrando su atención en una etapa crítica para la maduración del córtex prefrontal, el área cerebral encargada del control de impulsos".
Evitar grietas tecnológicas
Por ello, a menudo, las familias, a las que se atribuye todo el peso en este ámbito, apenas tienen recursos para gestionar el "tsunami tecnológico" que ha sobrevenido en los últimos años. "Necesitamos avanzar en todo caso hacia una alfabetización digital crítica, ética y estructural que involucre a profesionales sanitarios, docentes y familias. Esto se logra reestructurando asignaturas como 'Iniciación a la Digitalización' en lugar de atomizar las pantallas en todas las áreas, promoviendo la reflexión ética sobre la relación entre tecnología, personas, economía y medioambiente", propone el vicepresidente primero.
Prohibir, sentencia, no es la solución, visto el fracaso que ha tenido esta estrategia unidireccional en España. "En nuestro país, sin duda con propuestas bienintencionadas, no hemos acertado. Y las cosas han ido a peor", lamenta Luengo, partidario de pivotar en el planteamiento, de manera que el retraso en el acceso a las redes sociales y el control que se hace estas no se plantee como un castigo, sino como una medida de prevención primaria ajustada al desarrollo neurobiológico del menor.
Y es que, el riesgo de que los jóvenes migren hacia otras plataformas más difíciles de controlar -como WhatsApp o servicios de Inteligencia Artificial- para hacer un uso parecido al de Instagram o Facebook ante el bloqueo punitivo es "real" en palabras de Luengo, quien en consulta ya observa como la Generación Alfa y los adolescentes actuales interactúan de forma incipiente con chatbots e IA generativa buscando interacción y pertenencia. "La psicología nos enseña que el motor evolutivo principal del adolescente es la búsqueda de identidad y la conexión incondicional con su grupo de iguales. Si simplemente imponemos una restricción o cerramos una plataforma sin ofrecer un trabajo de fondo sobre sus recursos psicológicos, esa necesidad de socialización encontrará inevitablemente otras grietas tecnológicas menos supervisadas", explica. Por ello, toda restricción debe ir acompañada de un proceso educativo que incluya "prevención primaria, detección temprana y el acompañamiento en habilidades emocionales".
