Gaspar Llamazares y Miguel Souto Bayarri. Médicos
La salud en todas las políticas
Otros artículos de Gaspar Llamazares y Miguel Souto Bayarri

12 oct. 2020 12:20H
SE LEE EN 6 minutos
"Las universidades privadas también quieren saber tu nota de Admisión, pero suelen usar otros criterios que ellas mismas definen. Aunque algo a tener en cuenta es su coste".

(Página web de estrategias ganadoras para estudiar Medicina).


Todos los años, mientras los alumnos de segundo de bachillerato estudian para obtener unas calificaciones que les permitan salvar las notas de corte de las distintas facultades de la universidad pública, un número importante de jóvenes procedentes de las familias más adineradas se sitúan voluntariamente fuera de ese proceso de selección y entran en las universidades privadas por una puerta lateral.

Llama la atención que esta injusticia esté lejos de suscitar una indignación generalizada. Y aquí es donde adquiere toda su importancia la política como administración del bien común y no solo de la búsqueda de beneficios electorales en el corto plazo: la idea de una democracia por la que merece la pena luchar en la que los ciudadanos no seamos reducidos a una simple mercancía para mayor gloria de GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).


La mirada está puesta, sin embargo, en la reiterada denuncia de las derechas sobre la, al parecer, diferente exigencia de los exámenes entre las comunidades autónomas.

Un gobierno progresista debería adoptar iniciativas que reparen estas injusticias, que contribuyen a enquistar las desigualdades y la pobreza y que, lamentablemente, se han reforzado con la pandemia.

Porque la gran expansión de las universidades privadas que se produjo en los últimos años, muchas de ellas facultades de Medicina y escuelas de Enfermería, fue posible mediante la aplicación de unos criterios muy laxos por parte de las comunidades autónomas y de la propia ANECA. El proceso que rige la creación de un centro nuevo es, en esencia, el siguiente: cuando una universidad solicita un nuevo grado, si recibe un informe positivo de la ANECA o de la agencia autonómica de evaluación, que es un informe técnico, no suele haber problemas por parte del Consejo de Universidades ni de las comunidades autónomas.

Pero esas universidades solo están a disposición de los ricos. El precio de matrícula de primer año va de los diez mil a los veinte mil euros. Es obvio que nunca se debería permitir ni haber permitido su crecimiento desmesurado a costa del sistema público, que arrastra un déficit crónico de financiación y es incapaz de liderar proyectos fundamentales en las áreas clave que le permitan competir en la I+D europea y mundial.

"España se sitúa como el sexto país (de un ranking de 28) con menor porcentaje de gasto universitario en relación al PIB: el 1,08 por ciento, mientras que la medida de la UE y la OCDE asciende al 1,27 por ciento. Paradójicamente es el segundo país del mundo en número de facultades por población".


"Las Ciencias de la Salud se privatiza la formación médica, y también de la enfermería. Y por si lo anterior fuese poco, se utilizan los centros públicos para prácticas, en una suerte de parasitismo, ya que sin ellos, sus camas y pacientes no podrían obtener la autorización para las enseñanzas prácticas"


El resultado es que en las Ciencias de la Salud se privatiza la formación médica, y también de la enfermería. Y por si lo anterior fuese poco, se utilizan los centros públicos para prácticas, en una suerte de parasitismo, ya que sin ellos, sus camas y pacientes no podrían obtener la autorización para las enseñanzas prácticas. En paralelo y no casualmente, se ha producido un avance sin precedentes ni parangón en Europa, en las posiciones de privatización de la sanidad, seguros privados, etcétera, lo cual ha abierto un panorama inquietante y es algo que los ciudadanos no deberíamos convalidar, porque se ha visto que el sector privado, incluso en plena crisis sanitaria, ha hecho selección de riesgos dejando a un lado a los pacientes más vulnerables de la covid-19.

Claro que esto no va a tener el mismo impacto ni va a ser recibido de la misma manera entre las izquierdas y las derechas, porque las élites conservadoras oponen grandes resistencias a recortar lo que ellos consideran que son sus derechos de cuna ni a llevar entre algodones a sus hijos desde la guardería hasta una plaza predeterminada en un hospital privado. Ni siquiera entre la gente de izquierdas, que acepta impasible esta situación y deja de reivindicar lo que es obvio: que esas plazas deberían ser para los estudiantes de se las merezcan. Por otra parte, es sabido que otras discusiones de actualidad que mantenemos ocupan el primer plano y nos alejan muchas veces de los debates reales de la política, la igualdad, la salud, la educación y la economía. Es un hecho que la gran mayoría de los medios dejan estos temas fuera de la agenda mediática y, por tanto, fuera del debate.

Esta situación de verdadero fraude se parece mucho a la que salió a la luz en EEUU acerca de las grandes fortunas que pagaban la entrada de sus hijos, muchos con expedientes mediocres, en las mejores universidades del país, cuando aquellas plazas deberían haber sido para chicos y chicas que se las merecían en lugar de ellos. Aquel fraude privaba a otros jóvenes debidamente cualificados de las plazas que les correspondían por sus méritos. Lo cuenta Michael Sandel, profesor en la universidad de Harvard, en su libro 'La tiranía del mérito'. Un relato sobre la desigualdad económica y la polarización política en el que describe cómo se ha atascado la movilidad social, en particular la ascendente y dónde se plantea cómo recuperarla. El propio Trump habría dado un millón y medio de dólares a una de estas universidades en la misma época en que sus hijos ingresaron como alumnos en dicho centro.

Una última reflexión para subrayar la inoportunidad de que todas esas universidades privadas se sitúen fuera del sistema competitivo general que debe afectar a toda la población, sin excepciones de ningún tipo, de clase tampoco, por supuesto. Ha habido opiniones que han sostenido que estas universidades están en su derecho, y ya sabemos que los ricos han invocado unos supuestos principios acerca de la libertad de enseñanza. Pero esas opiniones carecen de lógica. Por encima de todas ellas está el principio de igualdad y la quiebra del mismo que supone que las familias privilegiadas no estén sujetas a los mismos deberes y reglas que afectan a la población general.