Una Legislatura útil para la sanidad española

Termina la XII Legislatura y conviene, en estos tiempos de descrédito de la acción política, hacer balance de estos poco más de dos años de legislatura (el primer gobierno tomó posesión en diciembre de 2016), dando cuenta de los resultados parlamentarios alcanzados y de los pendientes.
 
La Comisión de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados ha demostrado una significativa capacidad de diálogo y acuerdo. Hemos debatido 123 iniciativas, aprobado 115 y rechazado 8. Lo que demuestra que, por encima de diferencias ideológicas, hemos sido capaces de encontrar los puntos de acuerdo y aparcar intereses electorales.

Muchos de los acuerdos son hoy realidad, o están en fase de ejecución por parte del Gobierno. Entre los primeras podemos destacar la recuperación como derecho de ciudadanía de la atención a la salud, a través de la ley de universalización. Una Ley que por primera vez en España desvincula completamente la atención a la salud como una prestación de la seguridad social (y por tanto sujeta a la condición de titular o dependiente para reconocer el derecho), para afianzarla definitivamente como un derecho individual, al igual que el derecho a la educación.

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"Por encima de diferencias ideológicas, hemos sido capaces de encontrar los puntos de acuerdo y aparcar intereses electorales"

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También por ley se ha eliminado la exclusión por razón de enfermedad o condición de salud (seropositividad) en el acceso a contratos y servicios de cualquier tipo (hipotecas, seguros de vida o tantos otros), y es ya una realidad la eliminación del VIH, diabetes, celiaquía o psoriasis como causas de exclusión en el acceso al empleo público.

Con la trasposición de la directiva de productos del tabaco se dio un paso más en la restricción de la publicidad de las marcas en las cajetillas de tabaco, y una regulación más estricta y un mayor control de la publicidad y venta de los nuevos dispositivos electrónicos. Y tras aquél desastroso Real Decreto de 2015, la nueva regulación para el uso e indicación de medicamentos por enfermería es hoy una realidad en el BOE, con acuerdo de todos los colectivos profesionales involucrados.

Otras medidas acordadas y ya ejecutadas son la financiación pública de los dispositivos no invasivos para diabéticos o la micropigmentación de areolas mamarias tras cirugía, la mejor protección laboral del donante vivo de órganos o la ampliación de la lista de enfermedades infantiles que dan derecho a padres y madres a la prestación por cuidado.

En trámite avanzado están los decretos para indemnizar a las víctimas de la talidomida y la regulación de la publicidad sanitaria para evitar más fraudes, como ha sido el caso de varias cadenas de clínicas dentales o de falsas terapias.

A iniciativa de la Comisión, el Ministerio culminará pronto el nuevo plan para la eliminación de la hepatitis C en España, que incluirá un cribado selectivo poblacional, o las nuevas estrategias de Diabetes, de Salud Sexual y Reproductiva, de Salud Mental y de prevención del suicidio.

También se ha incorporado la estrategia pre-exposición del VIH y se va a introducir un nuevo semáforo nutricional, que junto con el acuerdo de autoregulación para la reducción de sal, grasas y azúcares añadidos en los alimentos preparados, permite avanzar en la salud y protección alimentaria de los consumidores.

Igualmente han sido objeto de acuerdo medidas que el nuevo Gobierno ha puesto en marcha, como agilizar la acreditación de más plazas de formación MIR, o el reconocimiento de títulos a médicos extracomunitarios, con el objeto de corregir lo antes posible el déficit de especialistas.

El Gobierno también elaboró, a instancias del Parlamento, un informe sobre el impacto en la salud de la crisis económica, y una evaluación sobre el impacto de la ley para la prevención del tabaquismo de 2010. Repasando la cronología de todas estas medidas, resulta evidente que la inmensa mayoría se han producido durante el corto periodo de gobierno socialista.

Consecuencias de los presupuestos no aprobados

Los presupuestos no aprobados hubieran traído más cambios acordados previamente por el Congreso, como la eliminación de copagos para las familias con hijos y pensionistas con rentas más bajas, el aumento de ayudas a la dependencia, mayores recursos para la I+D sanitaria, y para dos ciudades especialmente necesitadas, como son Ceuta y Melilla.

El Congreso aprobó, tras año y medio de ponencia, la ley de derechos y garantías en el proceso final de la vida (muerte digna), aunque le faltó el refrendo del Senado. Una ley, por otra parte, que ya había sido presentada por el grupo socialista en las tres legislaturas anteriores. No obstante, ahí queda el texto consensuado entre todas las fuerzas políticas, nunca alcanzado en las anteriores legislaturas. Y la proposición de ley socialista sobre la eutanasia, 18 veces bloqueada por PP y Ciudadanos, que recibió el respaldo de la mayoría del Congreso para su tramitación. El serio debate que se ha hecho sobre este derecho es un paso irreversible para lograr pronto su regulación.

En el debe quedan cosas, desde luego, como la puesta al día de la financiación autonómica para dotar de solvencia y mayor equidad al gasto sanitario. Y el Fondo de Cohesión, o la integración de la sanidad penitenciaria en los servicios de salud. Pero lo que queda por hacer, y el ruido mediático que los partidos nos encargamos de propagar, no deben empañar el trabajo silencioso y sistemático que se ha hecho en el  Congreso de los Diputados.