Dentro del juicio por estafa en el Icomem: radiografía del caos en el Colegio de Martínez-Sellés

La Audiencia Provincial de Madrid ha sido el escenario de uno de los episodios más vergonzantes en los más de cien años de historia del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem). Entre los días 28 y 30 de octubre, allí se ha celebrado un juicio en el que se ha tratado dirimir si un integrante de la actual Junta Directiva del Icomem –el doctor Armando Fernández, secretario del Colegio de Médicos– y su asesor jurídico –el letrado José Luis Antolín– usaron su posición en la institución para lucrarse.

¿Cuál es la acusación?

Estas dos personas entraron en el Colegio de la mano del actual presidente en funciones, el doctor Manuel Martínez-Sellés. Armando Fernández como miembro nativo de su candidatura ganadora en 2020 y José Luis Antolín como un colaborador cercano a esta. Ambos están acusados de cometer delitos de estafa y falsedad documental.  Según el relato de la fiscalía, falsearon un acta de la Junta Directiva para otorgarse poderes que permitieran al secretario firmar contratos en nombre del Colegio y, acto seguido, establecieron para sí mismos unos contratos con salarios y blindajes abusivos: 3.900 euros brutos mensuales por un periodo de cuatro años para el abogado más otro contrato mercantil de 60.000 euros por diez años y, por parte del secretario, un extra a su sueldo base de otros 3.900 euros mensuales.

Por todo ello, la Fiscalía y la acusación particular –ejercida por el propio Icomem– han solicitado penas de prisión de hasta seis años. Por su parte, los acusados defienden que sus condiciones contractuales eran conocidas por la Junta Directiva y, en consecuencia, pidieron su absolución. A lo largo del juicio, que duró un total de tres días, fueron llamados como testigos varios de los pocos miembros de la Junta Directiva que aún no dimitieron y varios de los dimitidos, así como trabajadores del Colegio y diferentes peritos.

No es objeto de este artículo concluir quién tiene razón en esta disputa. Eso es un trabajo para la administración de Justicia. No obstante, los asistentes al juicio sí pudimos sacar una conclusión inequívoca: algo huele a podrido en el Colegio de Médicos. Quizás eso explique por qué Martínez-Sellés sigue aferrándose al cargo, impidiendo que entren al Colegio los ganadores de las últimas elecciones. Hay auténtico pavor a que se levanten alfombras.

Un “conseguidor” en el Colegio de Médicos

Manuel Martínez-Sellés fue uno de los testigos citados por las partes. Según explicó él mismo, pese a que el Colegio cuenta con más de 50 empleados propios, una de sus primeras decisiones al frente del Icomem fue contratar a cinco personas externas para “profesionalizar” la gestión de la institución. Entre ellas, el acusado José Luis Antolín, como asesor jurídico. Pero también se contrataron responsables de otras áreas, como un director financiero, que se encargaría de la gestión económica del Colegio.

Durante el juicio quedó claro que estas personas venían recomendadas por un empresario concreto: Jesús Gallardo, responsable de la consultora Acrecienta. De hecho, la persona contratada como director financiero explicó ante el tribunal que negoció sus condiciones laborales directamente con Gallardo. ¿Por qué esta persona tenía la potestad de elegir a gente con cargos de alta responsabilidad en el Colegio? No quedado respondido durante el juicio, ya que no era parte de los hechos a juzgar. Pero nosotros, como público, tenemos la obligación de preguntárnoslo.

¿Un presidente que no sabía nada?

Lo que sí conocemos son los hechos narrados por el propio Martínez-Sellés. A instancias de Gallardo, el presidente propuso estas contrataciones. Según su propio relato, pese a proponerlos, no sabía cuánto iban a cobrar –y por lo visto tampoco se interesó en saberlo– y tampoco fue conocedor de quién redactó los contratos. Es decir, Martínez-Sellés dio la orden de contratar a estas personas, pero no quiso saber nada de en qué condiciones.

En los meses siguientes, tanto él como su tesorero –el doctor José Antonio Valero– firmaron las órdenes de pago de las nóminas de estas personas. Sin embargo, insisten en que no conocían cuánto cobraban. Martínez-Sellés llega a decir que firmaba facturas sin leerlas al detalle porque estaba muy ocupado y porque confiaba ciegamente en las personas que les pasaban dichas facturas. Es decir, en los hombres recomendados por Gallardo.

En este punto, cabe recordar que Martínez-Sellés es el máximo responsable del Icomem, una institución centenaria y que representa a miles de profesionales. Su estrategia durante el juicio fue un insulto a la dignidad de ambos, ya que intentó descargarse toda la responsabilidad de hechos que ocurrían en el seno de su propia Junta Directiva. Esa forma irresponsable de gestionar es la misma que ha dado lugar a los otros escándalos de su mandato, desde las obras faraónicas con sobrecostes millonarios hasta la infamia de ceder la sede de Esparteros a una fundación de la que él es patrono o el pucherazo electoral de diciembre de 2024.

Según su exposición de hechos, pese a ser el máximo responsable del Icomem, tardaría meses en darse cuenta de que se pagaban nóminas condiciones eran abusivas. Esto, por cierto, contradice el relato de los delegados de personal del Colegio, quienes llamaron la atención sobre que había personas cobrando nóminas no ajustadas al convenio. Todo eso derivó en una batalla judicial que ya dura cuatro años.

Más incógnitas

¿Se falsificaron los contratos? No lo sabemos. Pero nos resulta pertinente insistir en la importancia de ir al origen: ¿quién era esta gente y por qué se firmaron estos contratos? Es posible que nunca lo sepamos. Una de las ventanas para conocer los negocios del Colegio con Acrecienta tenía lugar en una causa presentada en el Juzgado de Instrucción número 33, donde el Icomem también alegaba falsedad en contratos, esta vez en contratos con la citada empresa. Sin embargo, la causa se archivó porque el Colegio decidió retirarse de ella.

Si la nebulosa de incógnitas no parece suficientemente espesa, aquí va otra: pese a alegar que el contrato de José Luis Antolín era ilegítimo, el Colegio decidió despedirle y, posteriormente, aceptó la nulidad del despido, para pagarle una indemnización de más de 120.000 euros. ¿Qué sentido tiene pagar una indemnización tan cuantiosa en base a un contrato contra el que estás litigando porque lo consideras ilegítimo?

La legislatura de Martínez-Sellés es precisamente esto: una sucesión de escándalos y despilfarros. Todo a cuenta del dinero que aportan los colegiados madrileños. Cada euro en sobrecostes de obras, cada euro en indemnizaciones cuantiosas o cada euro en abogados por juicios lamentables es un euro menos para los servicios los médicos que pagan rigurosamente su cuota al Icomem.

Desde el Colegio de Médicos se ha intentado vender el relato de que su presencia como acusación particular en el juicio contra el secretario y el exasesor jurídico es un intento de hacer justicia y defender el patrimonio de los colegiados. El propio presidente en funciones, responsable de traerlos al Colegio y encargado de supervisar su desempeño, se ha vendido ante el tribunal como una víctima. El escritor barcelonés Enrique Vila-Matas dedicó un libro a explorar la creatividad extrema que puede surgir cuando un personaje se encuentra al borde del abismo. No cabe duda de que Martínez-Sellés podría protagonizar uno de esos relatos.

En el mejor de los casos, estamos ante un pésimo gestor que abrió la puerta del Colegio a gente que buscaba lucrarse con el dinero de todos los médicos de Madrid. Esa es la versión de la historia que él mismo defendió ante el tribunal, mientras se pedían penas de cárcel a sus propios compañeros. Los médicos de Madrid se merecen algo mejor, pero por desgracia, y pese a alguna excursión puntual para ir al juzgado, Martínez-Sellés sigue atrincherado en el Colegio de Médicos de Madrid. Y, pese a las muchas incógnitas sin resolver, cada vez resulta más fácil intuir por qué lo hace.