La reforma de la LOPS: por un reconocimiento real y justo de la Odontología

La anunciada reforma de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) representa, sin duda, una oportunidad decisiva para actualizar nuestro marco normativo a la realidad del sistema sanitario del siglo XXI. España ha experimentado en las últimas décadas una profunda transformación en la formación universitaria, en los sistemas de cualificación profesional y en las necesidades asistenciales de la población. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no ha evolucionado al mismo ritmo.

Desde la profesión odontológica, debemos valorar positivamente esta iniciativa. No solo porque responde a una necesidad evidente de modernización, sino porque abre la puerta a corregir desequilibrios estructurales que afectan directamente a la equidad entre profesiones sanitarias y, en última instancia, a la calidad asistencial que reciben los ciudadanos.

Pero toda reforma relevante exige claridad en sus objetivos. Y uno de los principales debe ser garantizar que la clasificación, las competencias y el reconocimiento de las profesiones sanitarias se correspondan de forma real con su nivel de formación, responsabilidad y capacidad resolutiva. En este punto, la Odontología constituye un caso paradigmático.

La formación universitaria de los dentistas

Los dentistas en España cuentan con una formación universitaria de alto nivel, estructurada en 300 créditos ECTS, con competencias que incluyen el diagnóstico, la prescripción y el tratamiento —incluyendo procedimientos quirúrgicos— en el ámbito de la salud bucodental. Se trata, por tanto, de una profesión sanitaria plenamente autónoma, con atribuciones propias reconocidas legalmente y con un impacto directo en la salud general de la población.

Sin embargo, el marco normativo vigente no refleja adecuadamente esta realidad. Y lo que es más preocupante: algunas propuestas recientes, como las planteadas en el ámbito del Estatuto Marco, han evidenciado el riesgo de consolidar una clasificación profesional que no reconoce de forma justa este nivel de cualificación, situando a los odontólogos en una posición claramente desfavorable respecto a otras profesiones con menor carga formativa o con estructuras de especialización más desarrolladas. Este problema no es menor. No se trata únicamente de una cuestión corporativa. Es una cuestión de coherencia del sistema sanitario. No puede construirse un modelo sólido si existen contradicciones entre formación, competencias y reconocimiento profesional.

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"El marco normativo vigente no refleja el nivel de cualificación de los dentistas"

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Una de las causas estructurales de esta situación es la ausencia de un sistema oficial y homogéneo de especialidades odontológicas en España. A diferencia de otras profesiones sanitarias, la formación especializada en Odontología se ha desarrollado históricamente al margen del Sistema Nacional de Salud, sin un reconocimiento oficial claro ni una integración efectiva en el sistema de cualificaciones.

Esto genera múltiples disfunciones: heterogeneidad en la formación, falta de transparencia para los pacientes, dificultades de reconocimiento en el ámbito europeo y, en última instancia, inseguridad jurídica en el ejercicio profesional en áreas altamente especializadas.

El desarrollo de las especialidades ondontológicas

Por ello, la reforma de la LOPS debe abordar esta cuestión de manera decidida. No se trata necesariamente de imponer un modelo cerrado, sino de sentar las bases jurídicas que favorezcan el desarrollo ordenado de las especialidades odontológicas que ya se han solicitado formalmente y de otras en el futuro. La ley debe reconocer expresamente la existencia de áreas de especialización en Odontología y garantizar su integración en el marco general de cualificaciones sanitarias.

Pero hay un segundo elemento igualmente relevante: la clasificación de las profesiones sanitarias. La reforma no puede limitarse a una reorganización formal. Debe ser una oportunidad para corregir distorsiones y asegurar que el sistema reconoce adecuadamente el nivel formativo y competencial de cada profesión. En el caso de la Odontología, esto implica reconocer su carácter de profesión sanitaria de alta cualificación, en igualdad de condiciones con otras titulaciones que comparten nivel académico, responsabilidad clínica y capacidad asistencial. No hacerlo supondría perpetuar una anomalía difícilmente justificable en términos técnicos y aún menos en términos políticos.

Porque, en última instancia, esta reforma es también una decisión política. Una decisión sobre qué modelo de sistema sanitario queremos construir: uno basado en jerarquías históricas y asimetrías injustificadas, o uno basado en la coherencia, la transparencia y el reconocimiento real de las capacidades profesionales. España no puede permitirse desaprovechar esta oportunidad.

La modernización del sistema sanitario pasa necesariamente por una ordenación más clara, homogénea y alineada con Europa de sus recursos humanos. Y en ese proceso, la Odontología debe ocupar el lugar que le corresponde. No por reivindicación corporativa, sino por justicia, por coherencia y por responsabilidad con los pacientes.