18 nov 2018 | Actualizado: 18:10
Por Víctor Aznar, presidente del Sindicato de Enfermería, Satse
Mié 17 junio. 14.08H
Una de las peticiones de los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido la de recomendar al Gobierno español la introducción de nuevas medidas de ajuste económico, entre ellas la de liberalizar la asistencia sanitaria. La receta del FMI pasa, según ellos, por subir los impuestos especiales y medioambientales, disminuir el número de productos que se benefician del IVA reducido y, cómo no, acometer una fórmula de copago en los servicios de educación y sanidad. Si las primeras medidas se encargaron de recortar los derechos laborales, reduciendo salarios y número de trabajadores, y debilitando toda la legislación que protegía al trabajador de la precariedad y el desempleo de larga duración, ahora abogan por que, además, hay que recortar en prestaciones sanitarias y educación.

El neoliberalismo imperante en los responsables del FMI intenta hacer ver que sanidad es sinónimo de gasto y que éste hay que racionalizarlo y reducirlo. Primero, la estrategia consistió en demonizar a los trabajadores de la sanidad porque nuestros abultados salarios suponían un coste excesivo (recortemos sus sueldos y anulemos pagas extras). Ahora, el enemigo a batir está en el derroche de medios y servicios que realizamos en nuestro desempeño y en el supuesto abuso que hace la población de los servicios sanitarios (excesiva utilización de las urgencias para patologías banales, mal empleo de su equipamiento o gasto creciente en farmacia).

Abordar los problemas del sistema sanitario únicamente desde la contención del gasto y no desde la racionalización del mismo supone una interpretación simplista, y hasta cierto punto maquiavélica, del problema real del sistema sanitario. Por el contrario, resulta necesario un diagnóstico de sus bolsas de ineficiencia, como la falta de coordinación y continuidad de los cuidados, los errores adversos, el déficit de herramientas que faciliten la gestión de casos y la atención personalizada o la adecuación de una cartera de servicios a las necesidades de cuidados reales de la salud, como la cronicidad y la dependencia. Nuestra sanidad es uno de los pilares del Estado de Bienestar, ese que los españoles consideramos una de nuestras señas de identidad, con mejores resultados en la satisfacción y calidad percibida respecto a los servicios que ofrece y los profesionales que lo sustentan, un hecho que nos diferencia, a mejor, del resto de sociedades occidentales.

El copago es una de las medidas que pueden convertir nuestra actual sociedad de bienestar en un Estado de Bienestar de mínimos, es decir, donde la mayoría de los ciudadanos queden excluidos del acceso a los servicios sanitarios si no pueden correr con sus gastos. Todas las prestaciones y servicios de sanidad son fundamentales. Los ciudadanos, por derecho constitucional, deben disfrutarlas en iguales condiciones de oportunidad, ya que gozar de buena salud en nuestro país es un derecho y no el privilegio de unos pocos. Esto es algo que parece que no han estudiado los enviados del FMI, porque el copago dejaría fuera del sistema a miles de ciudadanos que, por no disponer de ese dinero o considerarlo un gasto prescindible, pasarían de acudir a los centros de salud ante un determinada sintomatología banal que en muchos casos esconde verdaderos problemas de salud y que se resolverían sin secuelas a través de un diagnóstico y abordaje precoz. Sin embargo, sin estos cuidados en estadios iniciales pueden aparecer consecuencias graves de invalidez y dependencia, con el agravante para la salud de la persona, para su vida laboral y su situación económica. El copago, aunque para muchos signifique zanjar algunas de las disfunciones existentes en el sistema, rompería un modelo que se basa precisamente en la gratuidad y en la universalidad.

Desde el Sindicato de Enfermería, Satse, vemos el SNS como un generador servicios y de bienestar para los ciudadanos y, por tanto, como un pilar fundamental para una sociedad que necesita trabajadores sanos y productivos. Por ello, lo concebimos como generador de empleo, de puestos de trabajo que precisamente por su labor de servicio y cuidado son de enorme utilidad para el conjunto de la sociedad y, por tanto, suponen una gran posibilidad de crecimiento económico y social del país.

Los problemas del sistema obedecen a la falta de una estrategia continuada y coordinada para abordar las disfunciones organizativas y las bolsas de ineficiencia existente, debido a que éste se encuentra sometido a los vaivenes de la política y lo que vale hoy no sirve mañana, siendo víctima de acciones puntuales y recortes indiscriminados según el foco de atención del gobierno del momento, que casi siempre suelen ser los trabajadores y los ciudadanos.

Satse ha reclamado en numerosas ocasiones un acuerdo global, al modo del Pacto de Toledo para las pensiones, y el Pacto por la Sostenibilidad del Sistema Sanitario que firmó la Mesa de la Profesión Enfermera con el Ministerio, que defina, junto con profesionales y ciudadanos, una estrategia conjunta y continuada que aborde los problemas y las necesidades desde el paciente y que permita evaluar el impacto de los resultados no solo en términos económicos, sino también sociales.

La consecución de unas cifras económicas que constan en una nebulosa de los poderosos no puede ser la meta inexcusable para recortar en prestaciones sociales como la salud y la educación, que condicionan la vida real de las personas. Las cifras relacionadas con la calidad de vida, la dependencia, la invalidez, la alfabetización, el nivel de estudios y el empleo deben ser también un objetivo. La solución a la dinámica social actual no es fácil pero, sin duda, debe pasar por devolver la soberanía a los ciudadanos y retirársela a la economía y a esas estructuras supranacionales como el FMI, que no han sido elegidas democráticamente por los ciudadanos para que gobiernen sus vidas.